En el segundo día del escándalo que afecta a la diputación, la institución provincial rompió su silencio para difundir un comunicado, en nombre de Imelsa, en el que aseguró que «desconocía totalmente las supuestas actividades de las que ha informado a la opinión pública la diputada provincial Rosa Pérez y que, según ella, han sido la base de la denuncia de la Fiscalía ante el juzgado». Imelsa expresó su «voluntad de que, en la medida en que sea posible y en cuanto sea posible „dado que hay secreto de sumario„ ampliar las denuncias contra el anterior gerente, Marcos Benavent, en defensa de los intereses públicos que Imelsa representa».

Como avanzó Levante-EMV el 14 de marzo, la firma pública denunció al exgerente por sacar dinero de la empresa sin justificar en forma de anticipos de caja para gastos de los que no aportó facturas. La institución que preside Alfonso Rus recordaba ayer que además de «la auditoría formal que la diputación aprobó en el mes de julio del año pasado para todas sus empresas, ya ha contratado a un auditor para analizar la gestión de los años en los que fue responsable como gerente Marcos Benavent». Y anunció que en el caso de «descubrir anomalías en esta nueva revisión, Imelsa las llevará ante la justicia con la ampliación de las denuncias ya presentadas». «Todas las cuentas de Imelsa están auditadas oficialmente, los balances anuales son positivos y no hay agujero económico. Eso prueba que los presuntos hechos denunciados (...) se han realizado fuera de las dos instituciones», subrayan desde la sociedad pública.

La mecánica denunciada por EU al fiscal y elevada al juez no implican que se generara un agujero en Imelsa, dado que la empresa pantalla de Marcos Benavent habría facturado a contratistas de la diputación o de Imelsa por servicios presuntamente no prestados o a costes hinchados. Sería un supuesto pagos de favores por la obtención de las adjudicaciones públicas. Imelsa y la diputación muestran su «indignación por los hechos denunciados».

«Rosa Pérez Garijo tenía la obligación de darlo a conocer tanto a la justicia como a su consejo de administración», advirtieron para acusar a la diputada de ser «desleal con la empresa, de la que forma parte como miembro del consejo de administración» por no «advertir a su tiempo de estas supuestas irregularidades, ya que se hubieran podido evitar otras anomalías. Acusan a la diputada de «buscar un rédito político (...) que ha perjudicado a Imelsa y la diputación». Rosa Pérez se negó a firmar las cuentas de los dos últimos años.