El presidente de la diputación está muy informado de cuándo caduca la obligación de las empresas de guardar su facturación. «A partir de los cuatro años ya no hace falta». Fue su apunte a los periodistas y a los políticos que llenaron la sala de prensa para seguir su comparecencia, flanqueado por cuatro de sus compañeros de gobierno (Juan José Medina, Isidro Prieto, Amparo Mora y Rafael Pérez). El presidente provincial hizo esa anotación tras calificar de «gran barbaridad» que se estén «filtrando nombres de empresas» supuestamente implicadas en el presunto desvío de fondos de la diputación. «Esas filtraciones pueden hacer que las empresas destruyan papeles», comentó Alfonso Rus, en el papel de colaborador de la Fiscalía Anticorrupción y del juez.

La publicación de nombres de mercantiles bajo investigación judicial podría llevar al traste o complicar la investigación, vino a alertar el presidente provincial. Por eso si ello sucediera amenazó con tomar medidas en los tribunales contra los autores o transmisores de esa información. Desde el planteamiento de Rus, solamente cabría el aviso a las empresas supuestamente partícipes de la trama desde los medios de comunicación.

El presidente provincial fue preguntado por este periódico sobre por qué no ordenó una auditoría e investigación interna sobre los contratos en Carreteras cuando el exvicepresidente y exresponsable del área, Enrique Crespo, fue imputado en el saqueo de la depuradora de Emarsa. Hoy, está procesado en ese caso y Fiscalía pide para él catorce años de cárcel. Otros tres por esconder presuntamente 12,5 millones que le tocaron en la lotería de Navidad. Rus defendió en su respuesta los contratos de la etapa de Crespo. Primero se preguntó qué tiene que ver Emarsa con la diputación y, advertido de que algunas empresas contratistas implicadas en el caso Emarsa también recibieron contratos de la diputación, Rus respondió: «Las adjudicaciones de Carreteras pasan por la mesa de contratación. Todo está niquelado, impecable, están perfectos».

Al menos tres empresas (Talent, Intercontrol y Proemisa) sirvieron para canalizar comisiones y financiar al PP, según testimonio judicial y en declaraciones a Levante-EMV de los también procesados Esteban Cuesta y Juan Carlos Gimeno.