La diputación es como esos pueblos pequeños adosados a un trozo de montaña en los que reina una paz artificial cimentada sobre una atmósfera contaminada de silencios y de ácaros atrapados debajo de las alfombras. Algo muy gordo ha de suceder para que se rompa esa cadena de armonía y se desate la tormenta. Ayer sucedió. Al sexto día desde que se destapó la denuncia por corrupción elevada por la Fiscalía al juzgado, a instancias de Esquerra Unida, Alfonso Rus desplegó su respuesta política ante un escándalo que, según fuentes del PP y otras próximas a la investigación, podría acelerar su jubilación política. Alfonso Rus afrontaba ayer un pleno de la diputación en el que se iba a dirimir el escándalo. Y aplicó con el exgerente de Imelsa Marcos Benavent la estrategia de su partido en Gürtel y respecto al extesorero Bárcenas. Rus llegó referirse a Benavent como «este señor» y colocó puertas en el campo para constreñir el escándalo a Imelsa. Que sea el caso Imelsa y no el caso Rus. Ese es su propósito.

También recurrió a los clásicos: compareció físicamente acompañado por su guardia pretoriana, repitió con cierta cadencia el «me estoy enterando por la prensa» o «yo no lo sé», disparó contra el mensajero „sea periodista o político„ y como remate, insistió en que él nunca ha sabido quiénes son los propietarios o administradores de las empresas contratadas por el área de Carreteras, Imelsa u otros departamentos de la diputación. Similar ignorancia alegó respecto de los 650.000 euros en contratos adjudicados a Ommega Mmoe en Xàtiva, de Jaime José Úbeda, quien fue administrador de la firma instrumental de Benavent (Berceo Mantenimientos) y está considerado testaferro de éste en la denuncia. «Yo no voy al registro a ver quién está en cada empresa. No sabía tampoco que Marcos Benavent tenía una Berceo o una Spartaki», respondió a este diario ante las preguntas por las contratas en el consistorio del que es alcalde.

«Lo habría destituido»

Tanto Rus como su vicepresidente Juan José Medina negaron que haya habido financiación ilegal del PP. En comparecencia ante los periodistas previa al pleno „que se retrasó una hora„, Rus se limitó a proclamar su total ignorancia sobre la causa general de investigación por presunta corrupción en la institución provincial. «Cuando haya alguna irregularidad la pondremos en manos del juzgado; cuando tengamos datos hablaré de esta persona», dijo en alusión a Benavent al insistir en acotar el escándalo al presunto desvío de fondos públicos a la empresa pantalla Berceo Mantenimientos, con la que Benavent facturó a contratistas de Imelsa y de la diputación. «Los expedientes de la diputación están niquelados», repitió varias veces. Preguntado por este diario sobre si era posible que él nombró en 2007 al exgerente, persona de su máxima confianza, y que en siete años nadie le alertara ni él supiera nada, respondió que ni lo «sospechaba». «De haberlo sabido, al día siguiente lo habría destituido», afirmó.

Fiel a su estrategia, Rus y el PP acotaron en Imelsa la comisión de investigación que aprobaron. La primera presidida por la izquierda desde 1999, año en el que los populares conquistaron la primera mayoría absoluta en las Corts y la diputación. El portavoz de Compromís Emili Altur la presidirá. Fue el regalo envenenado del PP, que alegó que Altur es «jurista». Un detalle de confianza de todos los portavoces que el de Compromís agradeció. Los tres grupos de la oposición (PSPV, EU y el propio Compromís) propusieron las pesquisas políticas después de que Anticorrupción ha estado ocho meses investigando a partir de la primera denuncia presentada por EU. El socialista José Manuel Orengo confesó que no quería presidir y Rosa Pérez fue descartada por la propia oposición para no dar al PP argumentos para el veto, al considerar a la diputada «juez y parte». La comisión se limitará a «investigar las posibles irregularidades en los contratos de Imelsa durante esta legislatura y la anterior». Estará integrada por un portavoz de cada partido con voto ponderado según la representación de cada grupo. Como en los consejos de administración.

A la reunión de la junta de portavoces acudieron cuatro representantes del PP, además del habitual Juan José Medina. Isidro Prieto, Amparo Mora y Rafael Pérez asistieron para explicar que los contratos de Carreteras o las adjudicaciones del programa de turismo para mayores „bajo investigación judicial„ están en orden y, en el caso de Pérez, responsable de Imelsa, para corroborar que la diputación ha denunciado a Marcos Benavent por presunto robo de documentación y por un supuesto descuadre de caja de 40.000 euros por anticipos para gastos que el exgerente no habría devuelto, denuncias avanzadas por este periódico. Los cuatro representantes del PP abroncaron a la diputada de EU, a la que acusaron de desleal por acudir a Fiscalía.