¿Cuáles son los retos que afronta la patronal de las residencias?
El objetivo de Aerte ha sido normalizar el sector y que funcione de una manera adecuada. No hay un cambio de estrategia, pero el sector debe seguir consolidándose.
¿Cuáles son sus propuestas para los partidos políticos?
Habría que seguir desarrollando la Ley de la Dependencia y resolviendo prestaciones y clarificar la situación del acuerdo marco que prepara la administración. Se debe dar seguridad jurídica a las empresas que concierten plazas con la Generalitat.
El acuerdo marco en el que se concertarán 3.000 plazas todavía no se ha hecho público. ¿Se debe aprobar ya o sería más legítimo que lo hiciera el nuevo Consell que salga de las urnas?
No sabemos qué depararán las urnas, pero lo que se haga se debe hacer con vocación de continuidad y con consenso.
La seguridad jurídica es lo que defienden las empresas de accesibilidad que con el nuevo acuerdo marco perderán 2.000 plazas que ahora gestionan. ¿Apuestan porque se siga adelante con la convocatoria de estas plazas?
Seguridad jurídica es lo que piden todas las empresas. Sin un marco claro no podemos trabajar. No se puede estar cuestionando el modelo cada cierto tiempo.
La Generalitat recauda desde enero el copago que antes les venía bien para ir tirando por los retrasos en los pagos de la administración. ¿Les perjudica?
Ahora estamos al día. Sí que es verdad que las cuotas de usuarios funcionaban para soportar los retrasos de la administración. Ahora no se tienen y supone un sobreesfuerzo.
Es curioso que a treinta días de elecciones sea la primera vez que la Generalitat se pone al día.
Creo que en el último año se ha notado más seriedad en los pagos. La administración autonómica paga según los recursos que le van llegando del Estado.
¿Los impagos han generado algún problema laboral con los trabajadores?
Los sindicatos han tenido un papel importante de colaboración, porque ellos y los empresarios sabíamos que el problema era de impagos. Para nosotros no poder abonar la nómina es gravísimo. Los años 2012 y 2013 fueron muy difíciles. Hemos funcionado como un amortiguador de la Generalitat, porque si la administración hubiera tenido que pagar los servicios hubieran colapsado.
¿La Generalitat tiene un modelo claro para su sector?
Creo que es mejorable. Hemos llegado a tener distintas vías de acceso a los servicios sociales y acaba provocando una complejidad.
Existen 62 centros públicos cerrados y 12.000 dependientes reconocidos pero sin prestación. ¿La Generalitat está garantizando el servicio?
Es un problema de financiación. No hay recursos suficientes.
¿Copago a quién más gane?
Que las personas que tienen capacidad económica paguen es fundamental desde un punto de vista de justicia redistributiva. Los que pueden pagar deben hacerlo para que entren al sistema más personas que no pueden.
