La Red Europea de Lucha contra la Pobreza en la Comunitat Valenciana (EAPN, en sus siglas en inglés), integrada por veintitrés entidades sociales que trabajan con los diferentes colectivos, propone que los candidatos vencedores de las próximas elecciones autonómicas firmen un pacto contra la pobreza. La primera parte del documento compromete a los políticos a reducir más de un 15 % el total de personas en riesgo de pobreza, a bajar más de un 25 % la exclusión infantil, a incrementar el empleo un 10 % y a rebajar el abandono escolar al 10 % de la población en edad escolar obligatoria.
En materias concretas, la EAPN propone mejorar las rentas mínimas e implantar una prestación económica por hijo menor de edad, «para todas las familias con ingresos en el umbral de la pobreza, el 60 % de la renta media». También piden la ampliación de la educación infantil de 0 a 3 años.
La segunda parte del pacto contra la pobreza reclama más inversión en capital humano, apoyo a los proyectos de innovación y desarrollo y la «segunda oportunidad» para las personas más afectadas por la crisis, incluidas las sobreexpuestas a créditos hipotecarios.
Como estrategias transversales para este pacto, proponen un acuerdo antidiscriminación de cualquier tipo y que el gobierno autonómico «se aboque a la prevención y detención de desahucios, la erradicación de sinhogarismo y la pobreza energética». Apuestan porque la Generalitat cree un «fondo de vivienda social» y que se revisen las tarifas de servicios públicos esenciales a las familias con pocos ingresos.
La Red Europea de Lucha contra la Pobreza en la Comunitat Valenciana también defiende la potenciación de la transparencia en las administraciones. Generalitat y ayuntamientos deben incorporar «mecanismos de publicidad y de rendición de cuentas de carácter público y accesible y que todas las cuestiones de relevancia económica, social y política sean sometidas a consulta abierta de la ciudadanía».
Las veintitrés entidades presentes proponen estudios y mecanismo para el control de la calidad de los servicios públicos y reducir la burocracia de la administración, para favorecer el acceso a las ayudas.
