Amnistía Internacional (AI) recordó ayer, en el marco de la celebración de su 41 asamblea general, que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres también son derechos humanos. Cerca de 340 activistas de esta organización humanitaria, en representación de sus 74.000 socios en España, se reunieron en Valencia para debatir sobre la situación de los derechos humanos en España y en el mundo.
Congregados en la facultad de Medicina, revisaron el trabajo hecho al respecto a lo largo del año y se eligieron o renovaron, según el caso, los cargos de los diferentes órganos de gobierno, control y asesoramiento. Además, los activistas marcharon por las calles de Valencia hasta concentrarse en la plaza del Patriarca, en el centro de la ciudad, en un acto organizado bajo el lema de una de las campañas globales de la organización: «Mi cuerpo, mis derechos».
La portavoz Ana Gómez indicó que esta campaña tiene por objetivo recordar que los derechos sexuales y reproductivos «también son derechos humanos». Desde la organización recordaron que en países como Marruecos el Código Penal distingue entre víctimas de violación «dependiendo de si son vírgenes o no» y que, por ejemplo, en Argelia y Túnez los violadores de adolescentes pueden eludir el castigo casándose con sus víctimas. También que en Burkina Faso el personal médico puede negar a las mujeres los métodos anticonceptivos si no tienen permiso de sus esposos.
La activista y defensora iraní de derechos humanos Nilufar Saberi fue una de las personas invitadas a la asamblea, en la que denunicó que en su país las autoridades «pretenden convertir a las mujeres en máquinas de procrear, dificultando el acceso a los anticonceptivos y excluyéndolas del mercado laboral si no tienen hijos».
En España, y a pesar de que el anteproyecto de ley sobre aborto fue finalmente retirado, la organización ha acogido «con preocupación» la presentación de una proposición de ley del PP «para exigir a las adolescentes de 16 y 17 años el consentimiento parental para acceder a servicios legales de aborto, y el consentimiento expreso de sus representantes legales en el caso de mujeres con discapacidad».
