La Conselleria de Territorio ha impuesto unas condiciones «draconianas» a los posibles aspirantes a obtener ayudas al alquiler de vivienda. La diputada del PSPV, María José Salvador, denuncia que la última convocatoria de subvenciones, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) del pasado 31 de marzo «impone criterios inaccesibles que hará que muchos ciudadanos no podrán ser beneficiarios de estas ayudas».
Territorio apenas da un plazo de un mes para que los aspirantes a la subvención presenten todos los documentos requeridos. Un plazo que ya se encuentra en el ecuador, ya que finalizará el próximo 30 de abril (era de 30 días después de la publicación en el DOCV de la convocatoria de ayudas). Entre los requerimientos exigidos por el departamento que dirige Isabel Bonig para recibir estas ayudas se exige, según explica Salvador, «que la vivienda esté emplazada en un municipio que pertenezca a una de las zonas de ámbito territorial de precio máximo superior (ATPMS)» en las que solo están incluidos 106 municipios de la Comunitat Valenciana (las capitales de provincia y sus áreas metropolitanas. «¿Qué harán los valencianos que viven en los 436 municipios restantes? ¿No podrán acceder a estas ayudas», se pregunta la diputada portavoz en temas de vivienda en el grupo socialista de las Corts.
Desde 2014 la Comunitat Valenciana está dividida en cinco zonas de ámbito territorial de precio máximo superior (ATPMS) con la ciudad de Valencia a la cabeza, declarada «municipio singular» en 2003 que, a efectos del ciudadano, se traduce en que las viviendas son más caras. En la ATPMS-2 se incluyen las ciudades de Alicante y Castelló y, en el resto de zonas (ver el cuadro que acompaña esta información), las poblaciones de las coronas metropolitanas de las tres provincias. El grueso de los municipios valencianos (436) se incluye en el diluido grupo de «resto de municipios».
Pero además de cumplir el requisito temporal (plazo de un mes) y de población, los aspirantes a recibir una ayuda al alquiler no podrán pagar un alquiler mensual superior a los 382,03 ? al mes en Valencia ciudad; 356,56 ? en Alicante y Castelló; un máximo de 331,09 ? al mes en los municipios incluidos en la zona ATPMS B. Y, por último, 292,89 ? para las poblaciones que pertenecen a las zonas ATPMS C-1 y C-2.
«Se trata de criterios inaccesibles que impedirán a multitud de familias acceder a una ayuda al alquiler, en un momento de tanta necesidad como el actual, en el que deberían facilitar el acceso. Pero en lugar de facilidades nos encontramos a una Generalitat que no sabe estar a la altura de las circunstancias de lo que esperan los ciudadanos», denuncia Salvador.
