La Comisión Especial Informativa sobre la contratación de la empresa pública Imelsa, sobre la que un juzgado de Valencia investiga una supuesta trama de corrupción, se reunirá por primera vez el jueves, según ha informado la Diputación provincial en un comunicado.
La sesión arrancará a las diez de la mañana y servirá para fijar el objetivo de la delegación, la metodología de trabajo y la periodicidad de sus reuniones, así como los documentos y las pruebas a solicitar para clarificar las contrataciones realizadas por esta empresa de la Diputación.
La comisión, creada por acuerdo de los portavoces de todos los grupos políticos con representación en la institución, está presidida por el diputado de Compromís Emili Altur, elegido por unanimidad, y cuenta con la participación del secretario de la institución, Vicente Boquera, como secretario y asesor jurídico, y del interventor de la corporación, en calidad de asesor económico.
Fuentes socialistas han explicado que en ella pedirán conocer la facturación de las empresas implicadas en esta supuesta trama de corrupción, así como la auditoría hecha en Imelsa y la denuncia presentada por la propia empresa contra su exgerente Marcos Benavent, imputado en la causa.
Los socialistas creen que las informaciones que aparecen sobre esta empresa pública provienen de dentro del PP, y están seguros de que si no quedara menos de un mes para las elecciones autonómicas y municipales, Alfonso Rus habría sido apartado de manera fulminante de la Diputación.
Están convencidos de que esta situación era la deseada por el president de la Generalitat y del PPCV, Alberto Fabra, quien mantiene desde hace tiempo una "guerra interna" con Rus, pero no en este momento, a poco más de una semana del inicio de la campaña electoral.
Ahora, aseguran, no saben cómo afrontarlo pues la situación es muy delicada y está afectando de manera directa a la institución y al propio PP.
Desde el PP, sin embargo, ven difícil que el partido pueda tomar una decisión sobre Rus si la investigación o las informaciones no avanzan más, pero reconocen que no podrán afrontar una campaña electoral sin adoptarla en caso de que aparecieran pruebas evidentes de corrupción sobre este asunto.
