El president de la Generalitat Valenciana y del PPCV, Alberto Fabra, ha admitido que el caso Imelsa "perjudica" en el tramo final del mandato y ha avisado de que expulsará al político o cargo público que sea si se demuestra que se ha producido un "comportamiento irregular o no acorde".

Fabra ha hecho estas declaraciones tras presentar el programa de Empleo del PPCV para las elecciones del 24 de mayo, en un acto en Alicante, al ser preguntado por el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, del que ha defendido la "presunción de inocencia", y por la situación en torno a la empresa pública Imelsa.

"El principal problema generado en últimos años ha sido la crisis económica y la desconexión y alejamiento del ciudadano hacia los cargos públicos o las instituciones, y todo lo que en estos momentos no ayude a generar esa confianza, perjudica, y esto perjudica, lógicamente", ha argumentado.

Fabra ha relatado que hace unos días, como informó Levante-EMV, dialogó con Rus y que éste le transmitió que "estaba tranquilo" y que "no había nada suyo", por lo que, por su parte, al día de hoy no tiene "nada que decir".

El president ha incidido en que tanto en el caso de Rus como en el de cualquier otro político o cargo público, si se demostrara que alguien ha actuado "para enriquecerse" o que ha tenido un "comportamiento irregular o no acorde", "esa persona será expulsada del partido".

Ha enfatizado en que esta postura será para todos los que pongan "en entredicho la honorabilidad del partido haciendo un mal uso" de su cargo y, en el caso del presidente de la Diputación valenciana, ha subrayado que hay en marcha una investigación que "dirá si ha habido comportamientos inadecuados o no".

"Si aparecen conversaciones donde también lo haya, pues desde luego actuaremos; no nos vamos a quedar de brazos cruzados", ha prometido, sin marcarse plazos porque toma las decisiones cuando se producen las situaciones, como ha hecho "hasta ahora", desde que llegó a la presidencia.

En todo caso, ha puntualizado que para tomar una decisión necesita "evidencias, que la situación se demuestre".

Por otra parte, preguntado por la multa al empresario alicantino Enrique Ortiz de casi un millón de euros por no regularizar la documentación de uno de sus yates, Fabra ha comentado que refleja que la Agencia Tributaria actúa contra todas "las personas que defraudan o que no cumplen con sus obligaciones como ciudadano" y ha apostillado que le parece "muy bien".