29 de abril de 2015
29.04.2015
Escándalo en la diputación

EUPV asegura que una empresa del caso Imelsa facturó 300.000 € al despacho de los hermanos Costa

Esquerra Unida revela que Carsan Rent a Car facturó 300.000 euros en 2010 y 2012 al despacho de Juan y Ricardo Costa a pesar de que la empresa estaba en concurso de acreedores

29.04.2015 | 21:07
Ricardo y Juan Costa, en una rueda de prensa del Partido Popular.

El despacho de abogados Cas Legis SLP de los hermanos Juan y Ricardo Costa, exdirigentes del PP, facturó entre 2010 y 2012 unos 300.000 euros a Carsan Rent a car mientras estaba en suspensión de pagos, una empresa vinculada a la supuesta trama de Imelsa, empresa pública de la Diputación de Valencia.

Así lo han denunciado hoy en rueda de prensa el candidato a la Generalitat de EUPV, Ignacio Blanco, y la diputada provincial Rosa Pérez Garijo, que presentarán ante la Fiscalía estas "conexiones llamativas" y "sospechosas" que han descubierto para que sean investigadas.

Un juzgado de Valencia ha abierto una investigación sobre una presunta trama de corrupción en la empresa pública Imelsa tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción a raíz de unos datos aportados por Esquerra Unida.

La actuación judicial, sobre la que pesa secreto sumarial, trata de determinar si ha existido malversación de caudales públicos por parte del gerente de Imelsa desde 2007 hasta el pasado enero, Marcos Benavent, que desde entonces se encuentra en paradero desconocido.

EU ha pedido al presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus (PP), que asuma "responsabilidades políticas" ya que Imelsa es una empresa de la corporación provincial y fue el quien nombró a Benavent.

Tras hacerse pública la investigación judicial, la Diputación aprobó crear una comisión de investigación, presidida por un diputado de Compromís, al tiempo que su presidente ha negado cualquier implicación y ha subrayado que se trata de un complot que aclarará el 25 de mayo, un día después de las elecciones autonómicas y locales.

En un encuentro con periodistas para aportar nuevos datos, Rosa Pérez ha recordado que habían denunciado ya que Marcos Benavent era propietario al 99 % de la empresa Berceo Mantenimientos que, "con un solo trabajador, había facturado a cinco empresas", de las cuales tres también facturaron tanto a Imelsa como a la Diputación y a Valmor.

"Ahora vemos que una de esas cinco empresas, Carsan Rent a car, era el principal cliente del despacho de abogados de los hermanos Costa y desde 2010 a 2012 le facturó un total de 300.393,12 euros, en diferentes facturas, a pesar de que estaba en concurso de acreedores", ha agregado.

La diputada ha explicado que también les "llama mucho la atención" que el abogado concursal de esta empresa, José Vicente Roldán, comparta actualmente "el mismo despacho y el mismo teléfono" en Madrid con la empresa de los hermanos Costa, ahora llamada Juan Costa Abogados y Asesores SLP.

Ha incidido en que Roldán fue anteriormente socio del despacho A. Magdaleno Abogados, cuyo domicilio actual en Valencia "coincide" con la sede de otra de las empresas que EU apunta como implicada en la presunta trama de Imelsa, Spartaki Sinergias.

Entre otras "coincidencias llamativas" también ha explicado que Roldán nombró como abogados de la empresa Carsan Rent a car a Luis Mariano Manglano y Pablo Emilio Álvarez, socios de los Costa.

Blanco ha señalado que los tribunales determinarán en el momento oportuno si "Alfonso Rus y otros dirigentes del PP tienen responsabilidad penal y sobre qué presuntos delitos, pero la -responsabilidad- política es muy evidente".

Según Blanco, la denuncia no se basa solo en grabaciones donde supuestamente aparecen conversaciones entre Benavent y Rus, sino que aporta mucha documentación y ha afirmado que este caso puede ir "más allá" de lo conocido del PP en la Comunidad Valenciana.

Para Ignacio Blanco, la opinión pública debería conocer el contenido de las cintas pero está declarado el secreto de sumario y la Fiscalía les ha pedido que no las desvelen, por lo que no las van a hacer públicas hasta que lo dictamine un juez.

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