Las alarmas se han disparado en el cuartel general del PP de la calle Génova ante el cariz que están tomando los acontecimientos en torno al «caso Imelsa», en el que está salpicado el presidente Rus, en puertas de una campaña electoral en la que los populares se juegan la Generalitat. El nerviosismo ha llevado a responsables de Génova a ponerse en contacto con el propio presidente del PPCV y del Consell, Alberto Fabra, para conocer de primera mano el alcance del escándalo que afecta ya varios altos cargos del partido en el gobierno.
Génova quiere saber exactamente la dimensión del caso para eventualmente poder anticiparse y tomar medidas, aunque sean quirúrgicas. Esto es, si tiene que apartar a algún cargo salpicado por el escándalo, incluiso al barón provincial. Fabra convocará llegado el caso el comité de derechos y garantías, que depende directamente de él, para forzar la expulsión del partido de Rus. La última palabra ante un eventual expediente la tiene el mismo órgano pero a nivel nacional. En este caso se montaría una gestora en el partido hasta que se convocara el congreso correspondiente. Otra cosa es descabalgarlo de la presidencia de la Diputación, toda vez que lo tendría que votar los diputados provinciales. Fuentes del Palau insistieron ayer en que Fabra está decidido a echar a Rus en el momento en que haya evidencias que lo implican aunque no esté imputado.
Por otro lado, la primera reunión de la comisión de investigación sobre la gestión de Imelsa entre los años 2007 y 2014 acordó entregar toda la documentación que les soliciten los grupos de la Diputación de Valencia, cuyos portavoces aseguraron que si de los trabajos de este órgano se desprende alguna irregularidad, se trasladará al juzgado. Asimismo, no descartan solicitar la presencia del gestor en aquella época, Marcos Benavent, imputado judicialmente por malversación en gastos sin justificar, y del presidente de la institución, Alfonso Rus. No obstante, la legislación para las comisiones de investigación de la Diputación establecen que las citaciones personales de la corporación o de sus empresas están obligados a declarar, pero no así los de fuera, cuya presencia es voluntaria.
La comisión acordó «las reglas del juego» y los cuatro grupos con representación en la institución provincial --PP, PSOE, EU y Compromís- salieron «satisfechos».
Al respecto, el presidente de la comisión, el portavoz de Compromís, Emili Altur, explicó que la comisión se reunirá todos los lunes a las 13.30 horas, excepto la próxima semana que será martes para dar más tiempo a preparar la documentación por el puente de mayo, y tiene como plazo máximo de trabajo por imperativo legal 24 horas antes de la constitución de la nueva corporación local. Todos confían en que les dé tiempo a elevar un informe de conclusiones al pleno. La documentación solicitada sobre Imelsa se remonta a 2005.
