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Tribunales

La UE condena a España por falsear el Consell el déficit durante la etapa Zaplana-Camps

La «sentencia» preliminar, contra la que ha alegado la Generalitat, censura la ocultación de facturas pero no impone multa, que podía haber llegado a 2.000 millones - Responsabiliza al ex interventor general, Salvador Hernándiz, y avala que Moragues corrigió los hechos

El Reino de España, junto a Grecia por la práctica «sistemática» de la Generalitat valenciana en el pasado de ocultar facturas de Sanidad. Por si el PP no tenía suficientes quebraderos de cabeza, faltaba la investigación abierta por la Comisión Europea sobre la presunta manipulación durante lustros de las cifras de déficit por parte de la Generalitat. Según pudo saber Levante-EMV de fuentes de la Intervención, la CE ha remitido al Consell un informe de conclusiones preliminares en el que se censura sin paliativos la actuación de la Administración autonómica, si bien no le impone sanción económica. Una multa que podría haber llegado hasta el 2 % del PIB de España, 2.000 millones. Contra esa sentencia inicial, el Consell presentó alegaciones que han de resolverse como tope antes del 11 de mayo. Las fuentes se mostraron pesimistas al entender que la UE se mantendrá en su reprobación a España, señalada así por culpa de la C. Valenciana. El veredicto definitivo, que se hará público esta semana, confirmaron fuentes de la CE, será una bomba al coincidir con el arranque de la campaña electoral.

El informe-propuesta, pendiente de ratificación por el Ecofin (conformado por los ministros de Economía de los 28 estados de la UE) y que es recurrible ante el Tribunal de Justicia Europeo, carga la responsabilidad en el ex interventor general de la Generalitat, Salvador Hernándiz, y su equipo, particularmente en el primero. Hernándiz ocupó el cargo durante 1997 y 2012 „esto es, casi durante todo el periodo de gobiernos del PP tras la victoria en las urnas de 1995„ e ignoró las advertencias de la Sindicatura de Comptes, que es la única institución que sale bien librada y fortalecida del caso y donde, curiosamente, ha acabado recalando Hernándiz tras su cese en diciembre de 2012 a raíz del asunto de la filtración de su informe sobre el caso Cooperación al exconseller Rafael Blasco.

La resolución en primera instancia señala que la ocultación de facturas no fue responsabilidad de la Conselleria de Sanidad ni de otro órgano de la Generalitat, ya que la primera trasladó los datos y la comunicación del déficit era responsabilidad de Hernándiz, quien para ello ejercía con plena independencia. Cuestión distinta es que parezca inviable que se ocultaran facturas durante tantos años sin que el Consell no lo avalara. Eso sí, la obligación de informar era de la Intervención. El documento de conclusiones deja claro que a partir de finales de 2012 el Ejecutivo corrigió los hechos, lo que avala la actuación del conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, número tres de la candidatura del presidente Fabra.

La ocultación de facturas llegó a Bruselas en mayo de 2012, cuando el Gobierno le comunicó una nueva revisión al alza del déficit de España en 2011, del 8,51 % al 8,9 % del PIB. La causa, la aparición de facturas en los cajones, básicamente en Madrid y la C. Valenciana. Las autoridades estadísticas (Eurostat), encargadas de vigilar el déficit, comprobaron que, mientras en el caso de Madrid se trataba de un «ajuste», en el de Valencia los responsables habían enviado «sistemáticamente» datos de déficit incorrectos «a lo largo de muchos años». Por ello, abrieron un procedimiento de investigación con el que, de hecho, Bruselas estrenó sus nuevos poderes de gobernanza económica para fiscalizar casos de manipulación del déficit. Todo ello como respuesta a lo ocurrido en Grecia. En las pesquisas vieron que, como venía denunciando la Sindicatura, el Consell ocultaba facturas desde 1988, aunque hasta 1995 (en junio Lerma perdió la Generalitat en favor de Zaplana), cuando sumaban 178 millones, era más bien residual. En 2002, último año de Zaplana, se omitieron 840 millones de gasto sanitario. Es en la etapa Camps cuando mayor gravedad revisten los hechos. En 2010 llegó a haber 1.602 millones no declarados en ningún sitio. A partir de 2007, de todo el gasto sin cobertura presupuestaria el Ejecutivo de Camps comenzó a declarar una parte en la contabilidad financiera (cuentas 409 y 411).

Alega la irretroactividad

En sus alegaciones, el Consell cuestiona la investigación de la CE al entender que el reglamento que regula este procedimiento (aprobado en noviembre de 2011) se aplica a hechos producidos con anterioridad. Asimismo, esgrime que hay duplicidad de procedimiento, ya que la UE investigó los hechos y archivó.

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