El constructor Luis Batalla, que fue inversor privado en Terra Mítica y también adjudicatario, en una UTE, de las obras de ajardinamiento y riego del parque por las que facturó cerca de 1.500 millones de pesetas, declaró ayer como testigo en la macrocausa por la trama de facturas falsas en el parque. Un proyecto que abandonó, como socio minoritario y del que llegó a formar parte del consejo de administración, porque «veíamos que aquello no funcionaba y perdíamos dinero». El propietario de Lubasa, grupo empresarial investigado en varios casos de supuesta financiación ilegal del PP, aseguró no recordar quién le propuso invertir en el parque, ni tampoco haber sido adjudicatario de un contrato de más de 1.048 millones de pesetas (con sobrecostes finales del 30%).

Batalla también negó conocer al propietario de C3, Vicente Conesa, empresa de ingeniería que formó la UTE Terra Verd junto a Lubasa y Hormigones Martínez (investigada también por financiación ilegal del PP). «No sé nada, no he estado, yo no sé nada», repitió cuando se le preguntó por la desviación de más de 400 millones de pesetas que, como miembro del consejo de administración de Terra Mítica, debió conocer respecto a las obras de ajardinamiento y riego de las que él mismo fue adjudicatario (como parte de la UTE). Al ser interrogado por la fiscal por una condena anterior por fraude a Hacienda en el impuesto de sociedades de los años 98, 99 y 2000, los mismos delitos que se investigan en esta causa, Batalla respondió que «creo que tuve algo, pero no ocurrió nada». Al ser preguntado sobre si las empresas contratistas pudieron facturar al parque por obras no realizadas, respondió que «eso nunca, jamás se comentó en el consejo». Y añadió que «como empresario, nunca vi ninguna cosa fea».

El jefe de obra de la UTE Terra Verd (trabajador de Lubasa), Jesús Montalbán, explicó que las obras de ajardinamiento y riego resultaron complejas porque «infinitas veces nos destrozaron lo que habíamos hecho otras empresas de iluminación o megafonía». Aunque añadió que «nunca jamás se han pagado dos veces una cosa, que yo recuerde», cuando la fiscal le mostró documentación en la que una subcontrata presupuesta una determinada obra (una zanja, por 257 pesetas la unidad) que C3 desglosa y encarece (hasta las 1.008 pesetas). «¿Es admisible esa desviación?», preguntó la fiscal. «No tengo respuesta para eso, en modo alguno se aumentaron deliberadamente los costes», dijo.