La Conselleria de Bienestar Social ha iniciado una carrera de fondo con la aprobación y resolución desde hace dos semanas de solicitudes de ayudas de la Ley de la Dependencia que llevaban dormidas en los cajones desde 2011. Así lo expresó ayer la Coordinadora de las Plataformas en Defensa del cumplimiento de la ley que han alertado de que detrás de esta maniobra, «está el intento de captar votos a costa de las personas dependientes». En este sentido, la entidad ha alentado a los nuevos beneficiarios de ayudas que recurran estas resoluciones, «dado que con toda probabilidad están mal calculadas».

La Coordinadora explica que dado que el Real Decreto ley de 13 de julio de 2012 establecía que los expedientes pendientes de resolución de ayudas a cuidadores no profesionales estaban sujetos a un plazo de suspensión máximo de dos años, «y dado que las leyes no pueden ser aplicadas con carácter retroactivo, la medida no puede aplicarse a solicitudes anteriores a la entrada en vigor del real decreto».

Sin embargo, «estamos viendo que todas las resoluciones anteriores al 15 de enero de 2012, llegan también con dos años menos de atrasos reconocidos, lo que es claramente ilegal», agregaron fuentes de las entidades cívicas.

De cara a los futuros recursos, las Plataformas en Defensa del cumplimiento de la Ley de la Dependencia recuerdan que las cuantías que están en vigor para los cuidados en el entorno familiar son de 387,64 euros para el tercer grado que es el máximo; 268,79 € para el segundo y 153 € para los clasificados con el primero.

Las entidades destacan que «cualquier cantidad inferior a estas cuantías también serían ilegales ya que estas prestaciones no están sujetas a la Ley de Tasas». Las organizaciones también indican que es «ilegal» fraccionar los atrasos a cuatro años, al tratarse de una deuda, no del pago del derecho a la retroactividad generado por el periodo de tramitación que establece la ley.

«La deuda „agregaron„ la general la conselleria al incumplir los plazos de resolución de los expedientes, por lo que su fraccionamiento debería ser aceptado por los ciudadanos y llevaría implícito el pago de intereses». Las Plataformas ponen a disposición de los dependientes sus servicios de asesoramiento para revisar las resoluciones.