Las comisiones de investigación son, junto con los cohetes borrachos, una de las más efectivas estrategias de distracción. La que se constituyó en la diputación para indagar sobre la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de contratos públicos nació coja el pasado 22 de abril. Se ceñía a la empresa pública Imelsa, cuando, a la luz de las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción y de la UCO de la Guardia Civil, el caso Imelsa había sido ya superado por el caso diputación y éste, por una causa general que salpica también al Ayuntamiento de Valencia, al de Xàtiva y a la propia Generalitat, a través de empresas públicas como Ciegsa.

La comisión ha saltado por los aires sin cumplir el primer mes de vida y sin llegar a la tercera reunión. El presidente de este órgano, Emili Altur (Compromís), dimitió; la representante de Esquerra Unida y denunciante del escándalo en Anticorrupción, Rosa Pérez, también abandonó y el portavoz del PSPV, José Manuel Orengo, hizo lo propio. Dejaron solo al representante popular y vicepresidente en funciones de presidente, Juan José Medina. La oposición explicó ayer que no está dispuesta a «hacerle el juego» al presidente Alberto Fabra.

Hoy, la comisión ha suspendido la reunión prevista después de que los grupos de la oposición hayan renunciado a formar parte de la misma. Así lo ha señalado en un comunicado la institución provincial, según la cual a lo largo de esta mañana o en los próximos días se tomará una decisión sobre su continuidad.

Asimismo, indica que el grupo popular ha informado de que pretende mantener la investigación encomendada por el acuerdo plenario de la última sesión.

En las dos sesiones celebradas, el PP rechazó la propuesta de que el jefe del Consell comparezca para explicar qué sabía de la investigación que afecta a Alfonso Rus y a varios dirigentes más de la diputación y del partido, cuándo lo supo y por qué no hizo nada. Paradójicamente, el mismo PP que fuera de micro denuncia que Presidencia ha usado estratégicamente este asunto contra Rus y que incluso abiertamente ha señalado al Palau como animador del caso evitó la citación de Fabra en esa comisión.

En la segunda de las reuniones, el veto se extendió a la petición de comparecencia de Alfonso Rus y de Máximo Caturla antes de las elecciones, como deseaba la oposición. Por allí desfilaron varios técnicos y todos defendieron la solvencia y legalidad de sus informes en la adjudicación de contratos. La oposición da por «muerta» y liquidada la comisión. Para la diputada de Esquerra Unida, Rosa Pérez, la comisión es «una auténtica pantomima». «Afortunadamente, el caso está en manos de la justicia», añadió. «Los que tenían responsabilidades políticas dicen que no se enteraron de nada, y los que tenían responsabilidades técnicas dicen que los informes prácticamente los hacía Marcos Benavent» concluyó Pérez. Compromís acusa al PP de haberla «politizado» la comisión, mientras que el socialista José Manuel Orengo habló de «guerra abierta entre Fabra y Rus».