¿Por qué es necesario un enlace territorial del CGPJ en la Comunitat Valenciana?
Hay necesidades en todos los territorios. La nueva configuración del CGPJ establece que esas decisiones han de pasar por la Comisión permanente. Es más operativo que alguien de la Comisión reciba esas peticiones de manera directa para darles una salida también directa. No es una invasión de territorios, ni quiere decir que yo sea la nueva delegada de Valencia... Yo vengo a ayudar en todas las peticiones que tienen que ser objeto de acuerdo por la Permanente, las recibo directamente y las viabilizo a través de los servicios técnicos, con un conocimiento más extenso y mayor cercanía que si me llegase por otras vías.
¿Qué espera aportar?
Recibir de primera mano las necesidades. El papel es mucho más frío y el contacto directo con los compañeros me parece esencial. En una Sala de Gobierno hay muchas procedencias y para mi es muy importante escuchar el estado de ánimo de los compañeros y sus necesidades de verdad. Así me resulta mucho más fácil transmitirlas que si recibo un informe de inspección que es más frío. Somos un colectivo pequeño pero necesitamos escucharnos y sentir que el consejo está cerca y escucha, aunque no pueda solucionar todos los problemas porque no está en su mano. A mi me gustaría que me escucharan si fuera miembro de la Sala de Gobierno.
¿Hará visitas a los juzgados?
Las visitas que hagan falta las haré. No voy a visitar cada juzgado porque me resultaría imposible, soy enlace de otros territorios y el trabajo en la Permanente me lleva mucho tiempo. Pero acercarme al territorio es una de mis prioridades. Escuchar y estar en contacto con la presidenta del TSJ y los presidentes de Audiencias y salas, para acceder a más información. Aquí hay una vocal, Carmen Llombart, que tiene un conocimiento mucho mayor, más extenso y detallado que el mío y ella también me va a trasmitir, espero, mucha información sobre Valencia.
La valenciana es una de las comunidades con más cargos imputados por corrupción. En el CGPJ crearon una unidad especial para ayudar en estos casos. ¿Han recibido peticiones de ayuda?
Sí. Tenemos cinco peticiones, dos de la Comunitat Valenciana: una para el juzgado de instrucción 21 y otro para Alicante. Es un servicio técnico, no depende de ninguna vocalía. La información pasa por el servicio de inspección, personal y gabinete de comunicación y todo lo que puede mejorar la tramitación de un procedimiento por corrupción se accede de una manera más rápida que otra vía ordinaria. Hemos tenido peticiones de muchos tipos: refuerzos de jueces, auxilio de medios materiales, incluso para que recordemos a entidades públicas o privadas que cumplimenten oficios que ralentizan o impiden el desarrollo normal de un procedimiento. Acaba de empezar y la Comisión Permanente aprueba las propuestas de la unidad de apoyo. Estamos muy contentos de la respuesta.
Le han tocado dos territorios especialmente sensibles en corrupción: la C. Valenciana y Baleares...
El tema de la corrupción es sensible en general. La ciudadanía está muy sensibilizada, con toda lógica. Y es una materia que tenemos que tratar con mucha diligencia y con mucha delicadeza.
Porque el resto de problemas es común a otros territorio: falta de medios y carga de trabajo...
Exactamente. Son problemas que nosotros no podemos solucionar como consejo, que es lo más frustrante. Simplemente podemos recabar datos, hacer informes y pedir mucho, para ver si se nos da y que todo repercuta para que el servicio público sea más ágil. Esa es la idea.
¿Algo falla en la justicia cuando se condena antes a dos jueces que instruían casos de corrupción que a los corruptos?
No. Nuestro problema es el modelo, que ya está obsoleto y tenemos que cambiarlo, pero es muy complicado. Tenemos que ir a una justicia más rápida, mas ágil, con otro tipo de estructura. Los juzgados de instancia deben tener una estructura más operativa en la que se pueda distribuir las cargas de trabajo de una manera más justa. Y eso permitirá que los jueces asuman la carga de trabajo de manera más operativa. Además, hay que cambiar la legislación en algunos órganos jurisdiccionales. Cualquiera puede entender que si una persona tiene que leer 80 tomos es muy difícil que avance la instrucción. Es un sistema obsoleto, no es un sistema previsto para las macrocausas. No hay tiempo, no hay capacidad. ¿Qué puede hacer el CGPJ? Ayudar al juez, ofreciéndole un refuerzo que le libere del trabajo y se dedique a la macrocausa. Pero igual tendrá que leerse los 80 tomos. Eso es difícil de coordinar. Y necesitan auxilio de medios, de peritos -en lo que no tenemos mucha facilidad- en temas contables, en delitos fiscales, donde se necesita mucha ayuda. Mientras no funcione todo eso de manera muy operativa, los procedimientos complicados se seguirán estancando. Es un problema material. Un juez es una persona y necesita tiempo y ayuda.
¿Y que se aparte a un juez que ha instruido la causa contra el partido que gobierna?
No se le ha apartado. El juez Ruz estaba en una comisión de servicios cuatro años, circunstancia suficientemente anómala. Se sacó a concurso su plaza para que se cubriera por un titular de manera ordinaria. Cuando se abrió el concurso se estableció la posibilidad de que solicitara una comisión para que acabara los procedimientos especialmente complejos que tenía a punto de acabar. No ha sido necesario porque los terminó. No tengo la sensación de que se le haya apartado. De hecho, ha terminado las instrucciones pendientes del partido en el Gobierno. Cualquier comisión de servicios prorrogada es contraria a un juez inamovible. Tiene que haber un juez que sea el titular sin que esté pendiente cada seis meses de pedir una renovación de su comisión de servicios. Eso no es bueno para ningún juzgado.
