El tramo «maldito» de la N-232, entre Ráfales en Teruel y el límite provincial con Castelló, en el puerto de Querol, parece tener los días contados después de que el Ministerio de Fomento anunciara ayer una inversión de 54,2 millones de euros para concluir las obras, iniciadas y paralizadas en varias ocasiones desde los años 90 y en la que se registra una elevada tasa de siniestralidad.
El reinicio de las obras reabre el viejo debate sobre qué itinerario resulta más adecuado para dar a Aragón y por extensión a las comunidades del Cantábrico una salida al mar Mediterráneo de alta capacidad, un contencioso en el que Morella (N-232) compite con Tarragona, opción que cuenta con el apoyo de la Generalitat de Cataluña.
El Ministerio de Fomento anunció ayer retomaba la ejecución de la obra «Acondicionamiento N-232. Tramo entre el Límite Provincial de Castelló y la Intersección de la carretera provincial a Ráfales» en Teruel, con un presupuesto de 54,25 millones de euros.
Según el ministerio, se trata de una actuación «muy demandada debido a la situación de la carretera», que acumula importantes obras de fábrica y desvíos no concluidos que hacen muy incómoda y peligrosa la circulación.
La N-232 en este tramo es una carretera de una sola calzada, con dos carriles de 3,5 metros y arcenes de 1,5 metros. La obra tiene una longitud de 13,9 kilómetros en la que se incluye la variante de la población de Monroyo.
El trazado incluye tres enlaces„ Torre de Arcasa, Monroyo Norte y Monroyo sur y dos intersecciones: la Cerollera y Ráfales.
Además está proyectada la ejecución de dos viaductos: San Bernardo y Valdeluna, un paso de cebra y dos túneles en Monroyo y Consolación, un paso para fauna y varios pasos inferiores para cruce de caminos.
El tramo de la N-232 entre el puerto de Querol y Ráfales forma parte de un itinerario muy ambicioso que durante años fue promovido como «la salida de Aragón al mar», una salida que desde Alcañiz, a través de Morella, desembocaría en el mar en Vinaròs.
La reforma de esta vía se paralizó justo en Ráfales en 1994, cuando la empresa adjudicataria entró en suspensión de pagos. Problemas medioambientales en el trazado y la disconformidad de los vecinos con el precio de las indemnizaciones hicieron el resto.
En julio 2007 la obra fue adjudicada de nuevo a la valenciana Rover-Alcisa por 47.606.000 euros. En 2009 la empresa presentó un primer modificado, finalmente aceptado por el Ministerio de Fomento, que no aceptó un segundo que suponía un incremento de los costes del 20%.
La obra quedó paralizada y se inició un expediente de rescisión de contrato. La crisis hizo el resto y en 2010 el ministro José Blanco anunciaba que este tramo entraba «temporalmente», según se dijo entonces, en la «nevera» de los recortes presupuestarios para desesperación de alcaldes de uno y otro lado que veían cerca el fin de las obras.
Competencia con Cataluña
El parón en las obras no sentó nada bien a los defensores del itinerario de la N-232 como el más idóneo para dar una salida al mar a Aragón convirtiéndola en la futura A-68. En junio de 2008, el entonces alcalde de Morella, Ximo Puig, firmaba junto a sus homólogos de Alcañiz (Teruel) y Vinaròs el «manifiesto de Morella», que apostaba por esta opción, aparentemente también la favorita del ejecutivo aragonés bajo la presidencia de Marcelino Iglesias.
Sin embargo, con ocasión del inicio del estudio informativo de la A-68, de Zaragoza a Alcañiz, hasta 70 instituciones catalanas, con cámaras de comercio, universidades, ayuntamientos, el puerto de Tarragona y hasta Cemex, con planta en Gandesa, reclamaron del Gobierno central que optara por desdoblar la N-420 para dar una salida al mar a Aragón por Tarragona.
