Una antigua trabajadora del Instituto Valenciana de Vivienda SA (Ivvsa) ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para que investigue «los incrementos injustificados y sin cobertura legal ni presupuestaria de la plantilla de trabajadores, sus retribuciones y la de los directivos» de la empresa pública responsable de la política de vivienda, ahora absorbida por la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE). La trabajadora también incluye en la demanda la misma práctica de contratos laborales irregulares realizada por Ràdio Televisió Valenciana (RTVV).
Según la denuncia presentada ante la Fiscalía contra la Corrupción, a la que ha tenido acceso Levante-EMV, la práctica habitual de contrataciones sin cobertura presupuestaria llevada a cabo por ambas empresas, realizada en tres ejercicios presupuestarios del Ivvsa y cuatro de RTVV, «supera la cifra de 40 millones de euros». De ahí que «teniendo en cuenta el volumen económico y los reiterados apercibimientos de ilegalidad realizados por la Sindicatura de Comptes, los hechos denunciados podrían incidir en los tipos penales de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias o, en su caso, administración desleal y delito societario».
La Fiscalía Provincial de Valencia también ha abierto diligencias de investigación por la contratación irregular de cinco trabajadores en la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), como ya adelantó Levante-EMV el pasado 17 de mayo.
En las tres empresas, las contrataciones irregulares fueron detectadas por la Conselleria de Economía y la Sindicatura de Comptes, sin que se adoptara ninguna decisión para corregirlas sino todo lo contrario, se siguió contratando de manera irregular.
En el caso del Ivvsa, la Sindicatura de Comptes detectó en su informe de 2005 que la plantilla se había incrementado en 28 puestos de trabajo, «un incremento del 10,4%, sin que la gerencia haya justificado las razones que determinan la creación de cada uno de ellos y sin contar con el preceptivo informe de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo», advertía el órgano fiscalizador.
Tal como sucedió en la Epsar, el Instituto Valenciano de Vivienda no solicitó a la Conselleria de Economía la autorización de masa salarial (obligatoria por ley) en la que debía aportar la certificación de los salarios pagados en 2004 y justificar las 28 nuevas contrataciones, realizadas sin «convocatoria pública». El Ivvsa también aprobó ascensos durante 2005, autorizados por el gerente (en aquel momento Jose Fermín Doménech, el fiel escudero del conseller de Territorio Rafael Blasco), pero sin «el preceptivo informe de la Conselleria de Economía». Unos cambios que supusieron al Ivvsa un incremento de la masa salarial del 16,3%, a pesar de que «el máximo legal autorizado por la Ley de Presupuestos sólo preveía un aumento del 2%», que estuvieron acompañados de una modificación del convenio colectivo del Ivvsa «sin contar con el preceptivo informe favorable de la Conselleria de Economía».
Todas estas decisiones provocaron que se abonaran 1,4 millones de euros más en sueldos en 2005, respecto a 2004, a pesar de que eran «nulos de pleno derecho, porque no tenían ninguna cobertura presupuestaria».
«Para evitar el informe negativo de la Conselleria de Economía sobre la masa salarial de 2005, el Ivvsa simplemente no lo pidió». La dirección general de Presupuestos y Gastos descubrió el «pastel» al licitar el Ivvsa «la contratación de una póliza de asistencia sanitaria para su personal, por lo que tuvo que informar sobre su masa salarial» y el aumento de plantilla irregular, señala la denuncia ante la Fiscalía.
Una situación que se repitió en 2006 y que la Sindicatura de Comptes volvió a advertir en su «Informe de Fiscalización de la Cuenta de la Generalitat» de ese año. Se crearon 14 nuevos puestos de trabajo y los gastos de personal aumentaron un 8,7%, a pesar del límite del 2% establecido por la Conselleria de Economía. El Síndic de Comptes llamó la atención sobre el área del Ivvsa «Coordinación Conselleria» formado por 44 personas, en 2006, que cobraban su sueldo de la empresa pública «pero prestan sus servicios en la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda o en la de Infraestructuras». El coste anual de este personal de coordinación con conselleria ascendía a a 1,6 millones de euros anuales, tal como recogió la Sindicatura. El total pagado en 2006 sin cobertura legal ascendió a 2,2 millones de euros. «En total -concluye la denuncia- entre 2005 y 2012 la plantilla se incrementó hasta doblarse, sin que se autorizara el total de la masa salarial».
