Las grabaciones registradas por Marcos Benavent, exgerente de la empresa pública Imelsa, en las que Alfonso Rus, presidente de la Diputación de Valencia, presuntamente garantizaba a un empresario que la conselleria de Bienestar Social iba a concertar el cien por cien de las plazas de una nueva residencia geriátrica han puesto en pie de guerra a la patronal del sector.
Tras conocer el contenido de las grabaciones por las transcripciones publicadas por Levante-EMV, los responsables de Aerte „Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana„ solicitan a la conselleria de Bienestar Social que «suspenda» el concierto de plazas hasta que no «se aclaren las circunstancias» de las grabaciones.
Las escuchas „en la que presuntamente Rus cifra las comisiones: «Aquí la jugada es que nosotros cogemos 20. Y a jugar„ causan que desde la patronal se demande una investigación seria, tanto «desde la Administración como desde las instancias judiciales». A su vez, en Aerte argumentan que «la conselleria debe paralizar la derivación de dependientes a estos centros desde el momento en el que se supere el primer tercio de ocupación».
El «plan Blasco»
Desde la patronal de residencias geriátricas apuntan que han denunciado durante los últimos años la «presunta irregularidad de todo el proceso del programa de concertación de accesibilidad social» y que ahora lo vuelven a hacer por las recientes escuchas. A su vez, recuerdan que la conselleria de Bienestar Social puso a mediados del pasado año en marcha un procedimiento de revisión de oficio de varias normas relacionadas con el Programa de Acceso a Plazas Residenciales del Sistema de Servicios Sociales del año 2001, conocido coloquialmente como el «Plan Blasco». También apuntan que dicho programa ponía en marcha un concurso por el que las entidades adjudicatarias construirían 9.000 plazas residenciales nuevas de atención a personas mayores, poniendo a disposición de la administración un tercio de esas plazas, que esta concertaría. Sin embargo, «no se pudo completar la totalidad, por ausencia de ofertas válidas que cubrieran ese número, construyéndose al final 54 centros por un total de 6.500 plazas y de las que el 80 % se pusieron a disposición de empresas sin ninguna experiencia en la atención a dependientes».
Aumento de hasta el 100 %
Por ello „y siempre según la patronal„ en diciembre de 2007 siendo conseller de Bienestar Social Juan Cotino «se varía el objetivo del contrato aumentando de forma presuntamente irregular hasta el 100 % de las plazas construidas... al parecer los centros no eran rentables con sólo la ocupación pública de un tercio de las plazas». Por último desde Aerte destacan los nombres asociados a la gestión de residencias: «Rafael Blasco, Juan Cotino... y ahora surge la noticia de que al parecer el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, ha podido estar implicado en una trama de comisiones... no aceptaremos que esta situación prosiga».
