La Conselleria de Justicia evita reforzar los juzgados de primera instancia de Valencia, ahora colapsados por la avalancha de demandas de accionistas de Bankia y antes por las de preferentes, según denuncian el sindicato Intersindical Justicia y fuentes judiciales.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tramita la petición de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) del pasado 20 de mayo para conceder «varios jueces de refuerzo, un mínimo de tres». El problema es que este incremento de jueces «debe ir acompañado de personal auxiliar» para los magistrado. Y éste último refuerzo también lo solicita el CGPJ, pero a la Conselleria de Justicia (por las competencias transferidas) que suele obviar la petición y dar la callada por respuesta.
Una situación que obliga al Decanato de los Juzgados de Valencia a hacer auténtico encaje de bolillos para integrar a los jueces de refuerzo con el personal ya existente en los juzgados de primera instancia o para insertar el señalamiento de vistas en el calendario de cada juzgado sin que se vean excesivamente retrasados el resto de asuntos. El tipo de personal más necesario es el de «agentes, sobre todo», según fuentes judiciales.
Aunque llueve sobre mojado en la situación de la justicia valenciana. Intersindical lamenta que la Conselleria de Justicia «no prevea el nombramiento del personal necesario para auxiliar a los jueces, lo que provocará que no se puedan celebrar juicios, notificar resoluciones o citar a los afectados, lo que hará más penosa aún esta situación a los ciudadanos afectados».
El sindicato añade que al problema de personal «se añade la falta de espacio en los juzgados para poder almacenar y custodiar toda esta ingente entrada de procedimientos judiciales y los documentos que se acompañan». Una situación provocada por «la falta de previsión de la Conselleria de Justicia para dar respuesta a esta situación y la política de recortes y amortización de personal en estos órganos judiciales».
El colapso por las demandas de accionistas de Bankia no es exclusivo de la Ciudad de la Justicia ya que existen otras sedes en esta situación como el Juzgado Penal 17 de Valencia, con sede en Paterna, «con la agravante de que las causas penales corren el riesgo de prescripción, pudiendo quedar el condenado por un delito sin cumplir la pena debido al atasco que sufre dicho juzgado», según denuncia Intersindical. Y añaden que es una situación bien conocida por la Conselleria de Justicia, que dirige Luis Santamaría, ya que, según Intersindical, «la solicitud de refuerzo de personal se ha reiterado por el Tribunal Superior de Justicia desde febrero de 2015, ante el nombramiento de Magistrados de refuerzo para agilizar los señalamientos de juicios, pero sin obtener respuesta en refuerzos de personal».
La avalancha de demandas obedece al inminente fin del plazo para reclamar por la venta fraudulenta de acciones de Bankia y el goteo de sentencias a favor de los pequeños accionistas, sobretodo en tribunales de Valencia y Albacete. Se presentan una media de 200 demandas al día (que en algunos casos acogen a varios demandantes) que suman 5.000 denuncias desde febrero, a las que hay que añadir las 4.320 de años anteriores, por lo que el colapso en primera instancia está servido.
