La juez de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, elevó ayer a la Audiencia Nacional el sumario de la Operación Madeja, relativa al cobro de comisiones por la empresa Fitonovo a cambio de servicios y contratos públicos, en el que está implicado un alto cargo de Adif en Valencia, Pedro M. P. que ya fue apartado de sus funciones, y 87 imputados más.
La juez asegura que los acusados habrían cometido «múltiples» delitos y subraya que la actividad continuada durante años ha tenido una repercusión «grave» en la seguridad del tráfico mercantil ya que afecta a varias administraciones.
La mercantil Fitonovo, dedicada a servicios e infraestructuras municipales, habría pagado sobornos a cambio de servicios y contratos públicos, de modo que en la causa constan 88 imputados, 40 de ellos funcionarios. Aún no se ha podido determinar el beneficio ilícito que habría obtenido Fitonovo, pero la juez destaca que para el pago de las comisiones confirmadas entre 1995 y 2013, la empresa creó una caja B de la que salían las dádivas, que ascendieron a 4,3 millones de euros. Una caja B que se nutría del pago de facturas falsas giradas por empresas que recibían bonificaciones por esos servicios. Los sobornos afectaron al Ayuntamiento de Sevilla, las diputaciones de Córdoba y Sevilla, la Consejería de Obras Públicas de Andalucía, las direcciones provinciales del Ministerio de Fomento en Jaén, Huelva y Cádiz, y los ayuntamientos de Algeciras y La Carolina (Jaén). También se vieron afectadas las gerencias de Adif de Sevilla, Córdoba, Linares-Baeza, Valencia, Madrid, Zaragoza y Barcelona. Según el auto, los 88 imputados cometieron los delitos de cohecho, prevaricación, malversación, fraude y exacciones ilegales, maquinación para alterar el precio de las cosas, tráfico de influencias, blanqueo de capital, asociación ilícita y falsedad documental.
