El comité de empresa de Radiotelevisión Valenciana ha pedido al actual Gobierno en funciones que paralice el proceso de liquidación del ente público y que ordene a los liquidadores que detengan su línea de actuación de "tierra quemada".

En un comunicado, el comité de empresa considera ilegítimas las acciones que actualmente sigue realizando el consejo de liquidación del ente público, formado por Carlos Cervantes, Julián Clavel y José Cerdà.

"Nos encontramos ante una situación de eventualidad política en la Generalitat, ya que los partidos políticos que firmaron el Acuerdo del Botánico se comprometieron a la reapertura de RTVV y opr este motivo exigimos que se paralice el proceso de liquidación de RTVV", han señalado las mismas fuentes.

En este sentido, el comité de empresa ha denunciado que se adjudicará directamente a una empresa privada, por el procedimiento de urgencia, la gestión administrativa de RTVV a partir de julio por "una negligencia manifiesta del consejo de liquidación".

"La adjudicación está valorada en 100.000 euros; la forma y el tiempo en que se adjudicará, con RTVV sin ningún trabajador, pone en peligro la custodia de un archivo administrativo y de documentación clave para la reapertura de la empresa, y tampoco garantiza la conservación de todo el equipamiento material que acoge el centro de producción de Burjassot", han añadido las mismas fuentes.

De igual modo, la subrogación de las unidades de documentación y red a Culturarts y EIGE se está produciendo "de forma precipitada y a contrarreloj porque se ha de concluir antes del 30 de junio".

En consecuencia, el comité de empresa cree que se está actuando "con mala intención por parte del actual Consell y los liquidadores" y no descarta emprender acciones legales en el futuro si se demuestra el perjuicio patrimonial.

Según las mismas fuentes, los miembros del consejo de liquidación tendrán pagado por RTVV un seguro por 60.000 euros ante posibles indemnizaciones derivadas de su responsabilidad como miembros de ese consejo, más otros 103.000 euros por la contratación de un seguro de daños y riesgos patrimoniales.