El próximo presidente de la Generalitat, Ximo Puig, aseguró en campaña que el primer acuerdo que adoptaría el nuevo Consell sería poner fin al copago a los dependientes. Pero al margen de esta promesa, Puig se encontrará encima de la mesa con la obligación de cumplir con un compromiso que no admite demora: el plan económico financiero de la Comunitat Valenciana con el que tendrá que convencer al Ministerio de Hacienda de que la Generalitat va a cumplir con el objetivo de déficit de 2015 fijado en un 0,7%, una meta que aboca al nuevo Consell a meter la tijera en el gasto. El documento, de carácter semestral, es ineludible al menos sobre el papel. En aplicación de la ley de sostenibilidad, las cuentas valencianas están bajo la supervisión de Madrid ante los reiterados incumplimientos del objetivo de déficit. El Consell acabó 2014 con un desajuste del 2,39% del PIB cuando sólo podía llegar al 1%. A principios de 2015, el departamento de Juan Carlos Moragues envió el primer plan económico financiero en el que argumentó que equilibraría las cuentas gracias a la rebaja de los intereses del FLA. Seis meses después el Consell debía informar a Madrid como han ido evolucionando los gastos y los ingresos y, en caso de desviación, como pensaba corregirla. En marzo se evidenció que iba por mal camino. Tal como informó Levante-EMV ya en esa fecha había superado el exceso de gasto concedido para todo el año, lo que como mínimo le obliga a recortar 157 millones. Y el momento de dar explicaciones a Madrid ha llegado. En principio, el documento con la hoja de ruta debía llegar al ministerio a principios de junio, pero Montoro ha otorgó un aplazamiento a las comunidades.

La fecha es el próximo día 26 de junio, es decir, con Puig recien investido o a punto de serlo. En todo caso, cuando el nuevo Consell se reúna por primera vez el plazo se habrá agotado. Fuentes de la conselleria de Hacienda indicaron que, aunque se ha trabajado en el documento, lo lógico es que sea el nuevo Consell quien tome la decisión de cómo cuadrar las cuentas y donde meter la tijera. Fuentes del Ministerio de Hacienda precisaron ayer que los planes serán examinados a finales de julio cuando se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Es decir, el nuevo Consell apenas tendrá margen, ya que no se trata sólo de enviar un papel. Su contenido ha de negociarse con el ministerio. Los negociadores, además, ya no son del mismo signo político.

De hecho, Montoro ya ha dejado claro que no pasará una a los nuevos gestores. En un curso en Santander el pasado lunes, advirtió que los nuevos gobiernos, como el de la C. Valenciana, están planteando propuestas que pueden no tener encaje legal y que sí o sí tienen que cumplir con el techo de gasto, la deuda y los objetivos de déficit. Si no lo hacen, «para eso está el ministerio», avisó. Montoro dejó claro que tomará medidas: «Tras el 24M los nuevos gobernantes tienen una legislación vigente a la que deben atenerse. El responsable es es el gobierno electo y el funcionario, el que debe aplicar las normas y su actuación está marcada por el Código Penal». El ministerio apunta que la ley de sostenibilidad contiene medidas coercitivas (sanciones e incluso la intervención) en caso de plante. Fuentes del Ministerio subrayaron ayer que «todo el mundo» incluido Puig debe cumplirla.