El juzgado de instrucción número 2 de Valencia ha abierto diligencias de investigación por las presuntas irregularidades en la gestión de la Fórmula 1 en Valencia que podrían haber cometido el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, la ex consellera Lola Johnson y el empresario Jorge Martínez Aspar, según informaron ayer fuentes del TSJCV. El juzgado de Instrucción número 2 de Valencia lo dirige Beatriz Sobremonte.
La primera diligencia de investigación que ha ordenado la magistrada es encargar un informe a la UDEF (Unidad de delincuencia económica y fiscal), en concreto a la brigada de blanqueo de capitales, para que investigue las relaciones entre la mercantil AVEGA con Valmor Sport y Circuito del motor y "la posible adjudicación irregular de este contrato y el resto de contrataciones", según el auto de la jueza. La empresa AVEGA es la que ganó el concurso de las pantallas en todas las ediciones de la Fórmula 1 que se celebraron en Valencia y también fue investigada por participar en el contrato de pantallas para la visita del Papa, que también investiga la justicia.
El juzgado de Instrucción número dos de Valencia inicia así las investigaciones, después de que el TSJCV declarara el pasado 15 de mayo su «falta de competencia» para investigar los posibles delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos que, según la denuncia que presentó la Fiscalía Anticorrupción, podrían haber cometido el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, la exconsellera de Cultura y Deportes, Lola Johnson y el expiloto y empresario Jorge Martínez «Aspar», durante las negociaciones para acoger la Fórmula 1 en Valencia y por el aval que la Generalitat concedió a Valmor, la empresa organizadora del evento. Tanto Lola Johnson como la Fiscalía Anticorrupción se mostraron partidarios de que la causa la investigara un juzgado de instrucción. Camps, que se representa a sí mismo, recurrió para que la causa se mantuviera en el TSJ por su condición de diputado y de aforado, «a pesar de haber sido disueltas las Corts» hasta que se constituyeran las nuevas Corts que saldrán de las elecciones del 24M o, como dice el Estatut d´Autonomia, «hasta el día antes de las elecciones».
El TSJ corrigió entonces al expresidente y le recordó que todos los diputados de las Corts Valencianes perdieron su condición de aforados tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 30 de marzo el decreto de disolución de la cámara autonómica. Sólo los que continúan en la Diputación Permanente de las Corts, cuya composición se conoció el 1 de abril de 2015, mantienen el aforamiento. Y Francisco Camps no se encuentra entre los 45 diputados, (23 titulares y 22 suplentes) que componen esta especie de «retén de guardia» parlamentario entre la disolución de las Corts y la composición de la nueva cámara.
La causa tiene su origen en una querella presentada el pasado mes de diciembre en el TSJCV por la Fiscalía Anticorrupción contra Camps, Johnson y "Aspar".
En ella se investigan los posibles delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos desde abril de 2006 (las negociaciones previas para que Valencia acogiera un Gran Premio) hasta el 19 de julio de 2011, cuando la Generalitat se convirtió en avalista de Valmor, la empresa privada organizadora de la Fórmula 1
