El juzgado de Instrucción número 2 de Valencia que va a investigar las presuntas irregularidades en la gestión de la Fórmula 1 en Valencia que podrían haber cometido el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, la ex consellera Lola Johnson y el empresario Jorge Martínez Aspar, también ampliará el foco hasta la etapa de Alberto Fabra.
La jueza Beatriz Sobremonte admite «investigar los hechos» denunciados por la Fiscalía Anticorrupción pero también «los hechos posteriores al 19 de julio de 2011, es decir la absorción y compra por parte de la Sociedad Pública Circuito del Motor de la mercantil Valmor Sports SL y contrataciones anejas».
La querella de la Fiscalía Anticorrupción que dio origen a esta causa se centra en cuatro aspectos fundamentales: el contrato firmado entre Valmor y la empresa pública Circuito del Motor para organizar la Fórmula 1, por el que la mercantil no pagó «ni un euro», en perjuicio de los fondos públicos; la orden que dio Camps para que la Generalitat se constituyera como avalista de Valmor sin seguir el procedimiento administrativo fijado en al Ley de Hacienda de la Generalitat y la Ley de Presupuestos de 2011; la orden que dio a Johnson, pese a que no tenía competencia para ello, para que firmara el contrato de 19 de julio de 2011 (un día antes de dimitir) por el que el Gobierno autonómico prestaba el aval a la empresa; y la asunción por parte del Consell del canon anual de 26 millones de dólares «sin asumir ningún derecho», según la agencia Europa Press.
Una de las primeras decisiones que ha adoptado la jueza es la de encargar un informe a la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) para que «realice investigaciones relativas a las relaciones entre la mercantil AVEGA con Valmor Sports SL y Circuito del Motor y la posible adjudicación irregular de este contrato contrato y del resto de contrataciones».
La empresa AVEGA es la que ganó el concurso de las pantallas en todas las ediciones de la Fórmula 1 que se celebraron en Valencia. Esta mercantil también ha sido investigada por participar en el contrato de las pantallas para la visita del Papa, junto a la trama Gürtel, que también está bajo sospecha y se investiga judicialmente.
La jueza Beatriz Sobremonte también comunica al fiscal la solicitud de personación como acusación popular del grupo parlamentario socialista en las Corts, en el auto distribuido ayer, y también acepta los escritos presentados por Francisco Camps y la Fiscalía Anticorrupción reclamando la práctica de testificales. La resolución no es firme puede presentarse recurso de reforma ante el propio juzgado.
