Segunda amenaza en diez días al futuro Consell de Ximo Puig. El Ministerio de Hacienda que dirige Cristobal Montoro no descarta aplicar medidas sancionadoras contra la Comunitat Valenciana por incumplir la ley de Morosidad que obliga a las comunidades autónomas a pagar a sus proveedores en un plazo máximo de 30 días. Valencia, junto con Extremadura y Aragón, está muy lejos de atender sus pagos pendientes en este tiempo y, en aplicación de la ley de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera, se exponen a medidas que incluyen desde la intervención de las cuentas hasta la retención de parte de los ingresos derivados de la financiación autonómica. Puig aún no se ha instalado en el Palau de la Generalitat y sobre su Ejecutivo sobrevuelan ya dos amenazas del Gobierno central que tienen que ver con la hipoteca que le deja el PP en materia financiera. La primera, tal como informó este diario la semana pasada tiene que ver con el cumplimiento del objetivo de déficit y los planes de ajuste que debe presentar antes del viernes a Madrid para garantizar que corregirá el desfase entre ingresos y gastos.

El último informe sobre el Periodo Medio de Pago a los Proveedores correspondiente al mes de abril difundido por Hacienda evidencia la difícil situación que hereda el nuevo Consell. Frente a los 30 días que exige la ley de morosidad, la Comunitat Valenciana se demora en pagar a sus proveedores 92,65 días, lo que la sitúa en el tercer puesto entre las comunidades más morosas, el club de las que pagan por encima de los 60 días. Aragón tarda en pagar 109 días y Extremadura, 109. La Generalitat ha acortado los plazos respecto al mes de marzo en 6,42 días, pero aún triplica el límite que le exige Madrid. El problema es que el incumplimiento es reiterado desde septiembre de 2014 cuando comenzó el control de la morosidad. El ministerio recuerda en su informe que el pasado 26 de marzo se efectuó una comunicación de alerta a la Comunitat Valenciana. El artículo 18.4 de la Ley de Estabilidad regula las medidas de prevención y la obligación que tienen las comunidades incumplidoras de aplicar medidas de reducción de gastos e ingresos. El Consell estaba ya en el filo de la navaja cuando en marzo se dieron a conocer los impagos referidos al mes enero. El problema es que la normativa prevé que cuando se supere en mas de 30 días el plazo máximo de morosidad durante dos meses consecutivos a contar desde la actuación del plan de tesorería se iniciaría el proceso de intervención en las cuentas. De momento, Hacienda ha requerido al Consell que de manera mensual le informe de manera detallada de todas sus medidas para reducir los impagos.

En principio, si en mayo persiste la morosidad, Montoro estaría legitimado para forzar al Consell a nuevos recortes y, si en dos meses más no se cumple, a poner en marcha «el procedimiento de retención de los importes a satisfacer por los recurso de los regímenes de financiación para pagar directamente a los proveedores». Desde el departamento de Montoro se asegura que el aviso del ministerio no tiene que ver con el cambio de color político del Ejecutivo y que la ley está en vigor hace meses.

Junto a la demora, el informe del ministerio revela que la deuda comercial e la Comunitat Valenciana alcanzaba en abril la friolera de 1.169 millones de euros. La no financiera (toda salvo la de los bancos) alcanza los 2.484 millones de euros. Ahora bien, la pelota se ha reducido considerablemente. En diciembre de 2014, la deuda no financiera alcanzaba los 3.355 millones de euros, mientras que la comercial (compras e inversiones) era de 1.446 millones.