Ximo Puig se comprometió ayer durante su debate de investidura a ser «un presidente cercano y humilde», y solicitó la confianza de las Corts «para gobernar humildemente y pensando antes que nada en los más humildes». El socialista, que remató emocionado su discurso con un poema de Vicent Andrés Estellés («farem un ús segur i recte/ de la llibertat que ens hem guanyat»), quiso enfatizar así el contraste de la «nueva forma de hacer política» que pregona con los modos de los gobiernos del PP. «Aceptaré la crítica como un valor esencial de las sociedades libres», asumió. Al inicio de su discurso, de 50 minutos e íntegramente en valenciano „el único presidente de la Generalitat en usar la lengua propia en exclusiva en su investidura„, garantizó «respeto y contención», e hizo una declaración de principios: «Democracia, memoria, justicia, convivencia, derechos, respeto, dignidad, solidaridad, no discriminación, laicismo son mis valores».
Acto seguido, recordó el «coraje cívico» de la Asociación de Víctimas del Metro, para subrayar que su primera decisión será «pedirles perdón». «Nunca más un Gobierno de espaldas a las personas», dijo. Puig destacó que, aunque contará con el apoyo de varias formaciones, «no será un gobierno de partidos». «Desde el primer día se notará que son los ciudadanos los que dirigen la Comunitat», subrayó, para añadir que trabajará «en favor de todas las personas» y no será «enemigo de nadie ni irá contra nadie».
El presidente electo propuso una reforma electoral para rebajar el listón del 5 % «y facilitar todavía más la pluralidad» en las Corts. «No estamos todos», constató en referencia a EU. Luego reivindicó el pluralismo y la cultura de pactos. En este punto, evocó que ayer fue el 40º aniversario de la detención «dels 10 d´Alaquàs» por «defender la democracia y la autonomía», entre los que se encontraba Ernest Lluch, posteriormente asesinado por ETA.
Proclamó que será «beligerante» contra la corrupción «sin distinciones partidistas». «El corrupto lo es independientemente del partido que sea», apuntó. «La C. Valenciana no es una comunidad corrupta; los valencianos somos tan honrados como los que más, los corruptos han sido sus dirigentes», aseveró. Y anunció una Oficina contra el fraude y la corrupción, la regulación de la figura del denunciante «para garantizar su protección», la publicación de todos los gastos y facturas en la web de la Generalitat, y que se eviten «las puertas giratorias». Además, exigió un compromiso ético a los representantes públicos: Copiar una tesis, no pagar impuestos hasta determinada cantidad o cobrar sobresueldos, pueden no ser delitos, dijo, pero son «líneas rojas» para los cargos públicos.
El discurso de Puig avanzó también otra de las claves que marcará al menos el tramo inicial de la legislatura: el enfrentamiento con el Gobierno. Así, propuso un Pacto por la Viabilidad de la Generalitat, «extensible a la sociedad civil, para exigir al Gobierno» un cambio en el sistema de financiación, un fondo transitorio en tanto no se reforme éste (de 1.500 millones) y la negociación del pago de la deuda histórica que elevó a 16.000 millones, 13.000 millones por el déficit de financiación entre 2002 y 2014 al no estar en la media y 3.000 millones por el coste en intereses. Advirtió entonces al Ejecutivo central que, «independientemente de quien gobierne en Madrid», emprenderá «acciones legales» si no consigue estas peticiones «de forma negociada». «Hasta aquí hemos llegado», clamó, para agregar: «La Comunitat está exhausta de ofrendar nuevas glorias a España». «Aborrezco el victimismo, pero más la injusticia».
En la réplica al presidente saliente, Alberto Fabra, desveló que va a pedir a las Corts que «levante el veto» a la discusión en el Congreso del debate de la reforma del Estatuto para blindar que la inversión del Estado sea equivalente al peso de la población de la Comunitat en el conjunto de España. La modificación, aprobada en la etapa Camps, sí la aceptó Rajoy para Andalucía pero no para la C. Valenciana y por ello permanece bloqueada en Madrid sin debatirse desde 2011.
Puig, quien subrayó que el suyo será el primer gobierno paritario de la historia de la Comunitat, defendió garantizar el papel de la oposición, rebajando los límites para poder crear comisiones de investigación y renunciando el grupo socialista a formular pregunta en la sesión de control al jefe del Consell, con el fin de dar todo el protagonismo de la fiscalización a la oposición. «Hemos sido una oposición silenciada y perseguida por el gobierno. Hay quien dirá que ´ojo por ojo´: yo digo que no», recalcó.
Sobre el nuevo modelo productivo, el socialista avanzó la refundación del Instituto de Finanzas que otorgará microcréditos a familias y empresas que sufren «exclusión financiera» de los bancos. «La peor derrota desde la Batalla de Almansa fue la pérdida del sistema financiero valenciano», remató.
