El nuevo Gobierno valenciano, con el presidente Ximo Puig a la cabeza, arrancó ayer su andadura „48 horas después de la toma de posesión„ con un paquete de 22 medidas, la mayoría de contenido social, mediante las que comenzó a dar la vuelta al calcetín de las decisiones adoptadas por el Ejecutivo de Alberto Fabra. Fueron tres horas de reunión en la que todos los consellers quisieron hacer aportaciones y que provocaron que la comparecencia posterior ante la prensa, a cargo de la vicepresidenta, Mònica Oltra, se retrasara 45 minutos. Las decisiones, a las que seguirán otras el próximo lunes „entre los cambios, el Ejecutivo pasará a reunirse los lunes, en vez de los viernes„, son las «más prioritarias» para cada conselleria, recalcó la portavoz del Consell. De su departamento, que incluye la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, citó el «inicio de los trámites legales para la eliminación de los copagos a dependientes y discapacitados, «que están impidiendo a muchas personas tener acceso a los servicios sociales que necesitan para una vida digna».

Oltra precisó que el copago cuya derogación se inicia es el último que se introdujo en la ley de acompañamiento a los Presupuestos de 2015. El Ejecutivo del PP coló este copago por decreto como precio público pero, al tumbarle la medida el TSJ, intentó recuperarlo vía ley como tasa. La decisión de ayer, dejó claro la vicepresidenta, afecta a este copago sobre discapacitados y dependientes (en el uso de centros de día, talleres ocupaciones y otros) y no al de las residencias y personas mayores, que se «tendrá que estudiar en otro momento», así como el del ámbito sanitario. El Ejecutivo estudia redactar una ley de tramitación rápida en las Corts» para derogar una normativa «que ha hecho que muchas personas no puedan tener acceso a unos servicios sociales y de atención a la dependencia y a la diversidad funcional que son indispensables para su vida digna». La Abogacía de la Generalitat, además, retirará el recurso de casación interpuesto por el anterior Consell ante el Supremo contra la sentencia del TSJ que anuló su decreto de copago. Al respecto, la portavoz adjunta del PP en las Corts, Mª José Catalá, exigió al nuevo Consell que los dependientes mayores «no sean valencianos de segunda» al no abordar de momento la decisión sobre 15.000 personas mayores en plazas públicas y que también son dependientes.

En su comparecencia, Oltra también anunció la decisión de paralizar la demolición del antigui Hospital La Fe con el fin de estudiar los informes técnicos y determinar «si hay una posibilidad de de rehabilitar» los edificios y destinarlos a usos sanitarios y hospitalarios. El Ejecutivo de Puig va a encargar una auditoría de las concesiones sanitarias privatizadas «y si hay incumplimiento de contrato, se les requerirá para que lo cumplan». En Educación, se va a consensuar con la comunidad educativa el inicio de curso escolar: La propuesta es el 10 de septiembre en Primaria y «dos o tres días después», en Secundaria.

Paralizar el Plan Rabassa de Ortiz

Además, se aprobó una moratoria de todos los expedientes de apertura de grandes superficies comerciales para su «revisión», supeditando su autorización a «la creación de puestos de trabajo y empleo de calidad». El Consell estudiará el cambio en la normativa de horarios comerciales, en concreto las Zonas de Gran Afluencia Turística, que permiten la apertura en festivos. «No se ampliarán horarios y se revisará la normativa a la luz de las necesidades de creación de empleo y el comercio de proximidad».

Oltra enfatizó que la Intervención General pedirá a las Intervenciones Delegadas de las conselleries que informen sobre la situación «exacta» de las cuentas «a 1 de julio». Anunció la paralización del Plan Rabassa de Alicante por las «sospechas de corrupción» en torno a Enrique Ortiz, mientras que se vetará el desahucio en viviendas del parque público a personas necesitadas. Avanzó la creación de una Agencia de Respuesta a las Emergencias para coordinar las actuaciones con un mando único. El proyecto a largo plazo prevé incluir las labores de prevención de las brigadas forestales actualmente en manos de las diputaciones. Como colofón, destacó que, siguiendo la estela del alcalde de Valencia, Joan Ribó, los palacios que albergan conselleries se abrirán para su visita por parte de los ciudadanos.