El Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso que planteó el Partido Socialista, con el apoyo de los sindicatos de la Mesa General de la Función Pública, contra el decreto ley de medidas urgentes que aprobó el Consell de Alberto Fabra a principios de 2012, a los pocos meses de llegar.
La sentencia, del pasado 28 de mayo pero hecha pública en el BOE de ayer, da validez a las medidas del famoso decreto Vela que, entre otras cosas, supuso los recortes en la carrera profesional de los sanitarios y los sexenios de los profesores; la suspensión de los días moscosos y de la extra de Navidad de 2012; de los liberados sindicales, o la reducción de la jornada laboral (y salario) de los interinos a 25 horas semanales. De este último recorte estaban excluidos los sanitarios, personal educativo o el Servef.
La decisión del pleno del Constitucional, en cualquier caso, tiene un impacto muy relativo, ya que el mismo Consell de Fabra ha ido desmontando poco a poco las medidas de aquel polémico decreto a través de la negociación con los sindicatos llevada a cabo por el exconseller Moragues. Los interinos volvieron a su situación anterior, los funcionarios fueron recuperando los moscosos y la extra, así como parte de los liberados sindicales.
El recorte en los funcionarios presentado por Fabra en los primeros días de 2012 se cuantificaba en 258 millones. Pero no era la única medida de un decreto presentado entonces por el PP como el gran ajuste en la lucha contra el déficit, el inicio de la era de la austeridad de Fabra.
También se presentó en el mismo paquete de medidas una subida de impuestos, con un incremento del IRPF, el polémico céntimo sanitario, el aumento de impuesto sobre actos jurídicos o la supresión de deducción por inversión en vivienda.
El recurso del PSPV y los sindicatos cuestionaba la urgencia de las medidas que llevaron al Consell a utilizar la vía del decreto. También criticaba la vulneración del derecho de libertad sindical y el derecho de negociación colectiva, la vulneración del límite material del decreto ley para modificar tarifas impositivas; la vulneración de la Constitución por afectar algunas de las medidas a derechos adquiridos de los empleados públicos sin compensación indemnizatoria, las reducciones abusivas de la jornada laboral y en retribuciones, o la vulneración del derecho de igualdad al no aplicar las medidas del mismo modo a todo el personal de la Generalitat.
El Constitucional da por buenos los argumentos del Consell y desestima el recurso. Con la salvedad del voto particular del magistrado Fernando Valdés, precisamente catedrático de Derecho del Trabajo y una personalidad crítica con la reforma laboral del Gobierno.
