Ni un nuevo sistema de financiación ni más flexibilidad en el déficit. La Generalitat se volvió ayer de Madrid prácticamente de vacío tras una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que sirvió para escenificar la ruptura total entre el Gobierno de Rajoy y la mayoría de comunidades, particularmente la valenciana, que han pasado a manos progresistas tras el 24M. Pese a las exigencias de los nuevos ejecutivos regionales, el Gobierno „al que le basta con el apoyo de una región para sacar adelante sus propuestas„ impuso sus objetivos de déficit. Así, las autonomías tendrán que pasar del 0,7 % de este año al 0,3 % en 2016, el 0,1 % en 2017 y el equilibrio en 2018. Las comunidades socialistas habían reclamado que la Administración del Estado, que se ha autoconcedido un déficit del 2,2 % el próximo año, se apretara el cinturón al 1,1 %, mientras a las comunidades se les suavizara hasta el 1,4 %. Ese plus del 1,1 % representaría en el caso valenciano 1.100 millones de liquidez, necesarios para evitar unos recortes que el Consell se niega en redondo a aplicar. Anoche, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, clamó: «La Generalitat ha votado en contra del objetivo de déficit propuesto por el Gobierno porque pone en riesgo los servicios públicos de la C. Valenciana».
En el CPFF, el Ejecutivo central frenó la rebelión de estas regiones e impuso sus planes con el apoyo de solo cuatro regiones, Madrid, La Rioja, Murcia y Galicia, además de Ceuta y Melilla, y el voto en contra de otras nueve: Además de la valenciana, Cataluña, Andalucía, Extremadura, Asturias, Castilla-La Mancha, Aragón, Canarias y Baleares. Significativamente, Castilla y León, del PP, se abstuvo y su consejero vio «exigente» el límite.
Hasta ahora, lo más que hizo el Consell de Fabra fue abstenerse, cuando se fijó el objetivo para 2015. Ayer, la posición de Soler, en su primer Consejo Fiscal, fue de máxima exigencia. El conseller justificó el voto en que el reparto de déficit entre el Estado y las comunidades es «tremendamente injusto». «El esfuerzo que se pide a las autonomías, que son las que prestan servicios básicos como la educación, la sanidad y los servicios sociales, es exagerado en comparación con el que hace el Estado, que presta el servicio relacionado con la Seguridad Social», explicó en la reunión. Añadió que el Estado «tiene un margen elevado, mientras que a las comunidades se les exigen recortes y esfuerzos de reducción que ponen en peligro la prestación de los servicios básicos para los ciudadanos». Esta «asimetría» vertical entre las regiones y el Estado «muestra una falta de sensibilidad del Gobierno», dijo.
Soler, quien no precisó qué margen de déficit exige el Consell bipartito del PSPV y Compromís, manifestó en su intervención, dirigiéndose al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que «la situación para la C. Valenciana es límite y la única solución es cambiar el sistema de financiación, ya que el nuestro no es un problema de gastos, sino de ingresos». Un problema, añadió, que no se resuelve con ingresos ficticios», como «los 1.500 millones incluidos en el Plan Económico Financiero para cumplir el déficit» de 2015, pero que, «atendiendo a la realidad, es algo completamente fuera de nuestro alcance de cumplir».
Las «alegrías electorales»
Se soluciona, apremió, con un cambio «ya« del modelo, que penaliza a la C. Valenciana. Recursos hay, sostuvo, para recordar que las «alegrías electorales» que del Gobierno „en referencia a la rebaja fiscal anunciada„ «revelan que el ministerio tiene margen de maniobra». Por eso, pidió que, en tanto no se cambio el modelo, el Ejecutivo aporte una inyección extra en 2015 para la C. Valenciana.
En la rueda de prensa posterior, el Ejecutivo dio largas. Aseguró que, tras repartir a las comunidades la liquidación de 2013, ya está en disposición de empezar a analizar el sistema de financiación vigente para detectar sus disfunciones, con el fin de plantear su reforma a continuación. No dijo cuándo sería eso. El secretario de Estado Antonio Beteta apuntó que hay un grupo permanente para analizar el modelo pero ahora las comunidades tienen que ratificar o variar su posición.
Al término del CPFF, se produjo una situación inédita. Soler, acompañado por los secretarios autonómicos de su conselleria Julián López y Clara Ferrando, estuvieron unos diez minutos conversando en los pasillos con Montoro y Beteta, a los que insistieron en la «excepcionalidad» del caso valenciano y en la situación «límite» de las cuentas heredadas del PP.
