El pacto de la diputación estaba totalmente encarrilado, con la presidencia para el socialista Jorge Rodríguez (alcalde de Ontinyent), y ayer fue sellado con el reparto de áreas de gestión entre los dos socios: PSPV y Compromís. Socios fundadores del acuerdo, porque han dejado la puerta abierta a la posible entrada de València en Comú y Esquerra Unida, que cuentan con sendos representantes, Roberto Jaramillo y Rosa Pérez, presentes ayer en la reunión del ala izquierda provincial. Los socialistas gestionarán las áreas de Carreteras, Hacienda, Bienestar Social y Gobierno Interior, mientras que Compromís se reserva el gobierno de Medio Ambiente, Cultura y Cooperación. La presidencia recae en el PSPV, un extremo que no ha sido cuestionado en ningún momento por Compromís. Al menos en la mesa de negociación y según fuentes de los dos partidos presentes en las conversaciones. El pleno de constitución de la nueva corporación provincial se celebrará finalmente el próximo martes.

En virtud del acuerdo sellado ayer, dejará de existir la figura del diputado de empresas públicas. Cada una de las mercantiles provinciales será adscrita al departamento correspondiente. Salvo el caso de la joya de la corona, la todopoderosa Impulso Económico Local (Imelsa), de la que dependen todavía las brigadas forestales. Esta empresa dependerá directamente del presidente de la diputación, aunque será gestionada por PSPV y Compromís al alimón.

El gerente será un socialista, pero casi al mismo nivel habrá un alto cargo de Compromís. Imelsa saltó en precampaña a los medios de comunicación a raíz del escándalo de presunta corrupción investigado por la Fiscalía y la UCO de la Guardia Civil y derivado posteriormente a un juzgado. El caso, con las grabaciones que lo sustentan „realizadas por el exgerente Marcos Benavent„acabó por sepultar políticamente a Alfonso Rus o al exvicepresidente Máximo Caturla, entre otros.

Las competencias de esta empresa serán paulatinamente transferidas a la Generalitat, lo mismo que buena parte de las funciones de una institución provincial que está abocada a una operación desguace. En ese vaciado de contenido de una diputación condenada a la extinción también hay acuerdo entre PSPV y Compromís. La corporación provincial tendrá un papel subsidiario del Consell a la hora de brindar ayuda en los planes de emergencia social o contra el paro. En el horizonte trazado por socialistas y Compromís figura también la asunción de parte de las competencias por entes comarcales. Por ejemplo en gestión de tributos o residuos.

La diputada de Esquerra Unida expresó ayer sus reticencias a entrar en el pacto tal como, dijo, se ha formulado. Rosa Pérez considera que se ha llegado a un acuerdo por parte de PSPV y Compromís «como si fueran un matrimonio y ahora nos piden a los demás que planteemos nuestra posición a ver si nos la aceptan». «Aquí han pasado cosas muy graves y cuando se levante el secreto de sumario estallará todo; antes de pactar hay que cambiar muchas actitudes que están muy enraizadas aquí», comentó. El PSPV se reunió también con Ciudadanos, a título «protocolario».