El informe de la Cuenta General de Entidades Locales correspondiente a 2013 presentado por la Sindicatura de Comptes advierte de que 20 de los 542 ayuntamientos de la Comunitat Valenciana no van a poder recibir este año ayudas o subvenciones de la Generalitat al no haber rendido cuentas ante este órgano de control. Entre estos municipios poco transparentes destacan Orihuela, la sexta ciudad de la C. Valenciana con 91.260 habitantes, Xirivella (29.309 hab.) y Alboraia (23.269 hab.). Este último ayuntamiento aún no ha presentado su cuenta general del ejercicio de 2013, pese que debía haberlo hecho antes del 31 de diciembre pasado, y la Sindicatura todavía está esperando las cuentas de 2012 de la capital de la Vega Baja y las de 2009 de Xirivella. Entre estos consistorios rebeldes destaca Navajas (761 hab.), que lleva cinco años —desde 2009— sin rendir cuentas.

La Sindicatura de Comptes advierte a las entidades locales que la rendición de cuentas «es un requisito para recibir subvenciones de la Generalitat». Así lo establece la nueva redacción del artículo 199 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, que introduce la Ley de Medidas para 2015, según la cual: «cualquier entidad local que sea beneficiaria de una ayuda o subvención de la Generalitat cuya convocatoria haya sido aprobada después del 1 de enero de 2015, no podrá percibir el importe correspondiente si en el momento en que sea procedente el pago no realiza dicha acreditación, con independencia de cuál sea el ejercicio cuyas cuentas no han sido rendidas ante la Sindicatura».

El análisis de la Sindicatura de la Cuenta General de 2013 aborda el 95 % de los municipios valencianos, pues a los 18 que no han entregado sus balances se suman otros 7 que los remitieron con retraso. Entre estos últimos destacan consistorios como Orihuela o Gandia (78.543 hab.) — que las entregó el pasado 1 de julio—, Aldaia (31.028 hab.) y Sueca (28.961 hab.).

Incumplimiento «muy grave»

El informe que firma el Síndic Major, Rafael Vicente Queralt, lamenta que debido, tanto a los incumplimientos en la rendición de cuentas como a la demora en entregarlas, el informe de 2013 no incluye al 6 % de la población (más de 300.000 personas), «hecho que distorsiona y limita el análisis global por habitante». «La falta de presentación de las cuentas es un incumplimiento muy grave de una obligación esencial de quien gestiona fondos públicos», concluye.

La fiscalización de la cuenta general de 2013 alerta del «incumplimiento generalizado de los plazos de los ciclos presupuestarios». La Sindicatura subraya que, en aras de la transparencia, el objetivo prioritario de los ayuntamientos debe ser el cumplimiento de los plazos: «No sólo por ser una exigencia legal, sino también porque refleja transparencia en la gestión y en el manejo de los fondos públicos». Así, critica que el 69% de los consistorios no aprobó en el plazo previsto su presupuesto, el 27% la liquidación y el 18% la cuenta general.

Desplome a la mitad del superávit

Otro aspecto que preocupa a la Sindicatura es el desplome casi a la mitad (-47 %) del superávit de los ayuntamientos. Así el resultado presupuestario ajustado de los municipios, ha pasado de un superávit de 788 millones en 2012 a 417 al cierre de 2013. De hecho, 37 ayuntamientos, cerraron 2013 en números rojos, ya que con los derechos reconocidos (ingresos) del ejercicio no pudieron hacer frente a los pagos. Los superávits han caído en un 40% para los ayuntamientos de Valencia, un 58 % para los de Alicante y un 83 % para los de Castelló. Ello a pesar de haber descendido el gasto (-5 %) y la inversión por habitante (-10 %).

La tercera incidencia más frecuente es la falta de estimación de las cantidades de dudoso cobro en el remanente de tesorería. En conjunto, los municipios suman 621 millones en saldos de dudoso cobro, lo que provoca que el remanente de tesorería se sitúe en 456 millones. En este sentido, la Sindicatura recomienda que «las bases de ejecución del presupuesto tengan en cuenta el principio de prudencia a los efectos de estos cálculos» e indica que «las deudas entre las distintas Administraciones no deben ser excluidas de esta estimación».

Por la parte de los compromisos, las deudas con entidades de crédito a largo plazo han caído un 13 % hasta 2.342 millones. Como ocurrió en 2012, han aumentado sin embargo las deudas a corto plazo en un 15 % hasta situarse en 334 millones.

Más gasto fuera de presupuesto

Los ayuntamientos valencianos acumulan obligaciones reconocidas netas por 3.976 millones de euros, a las que habría que sumar las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto, que en 2013 ascendían al menos a 175 millones, un 9 % más. En esta línea destaca significativamente la situación de las diputaciones, cuyas obligaciones fuera de presupuesto se han quintuplicado al pasar de 1,7 millones en 2012 a casi 9 en 2013.