Un informe de los servicios jurídicos de las Corts evidencia que los sobresueldos que, al margen de la nómina oficial del Parlamento, abona el PP a sus parlamentarios con cargo a la subvención oficial para gastos de funcionamiento son ilegales. El documento ha provocado una auténtica conmoción en las filas populares, donde desde los 80 se pagan bajo mano suplementos a la nómina oficial „el llamado «talonet»„ que oscilan entre los 360 euros brutos para los diputados raso hasta los 2.500 euros que se han llegado a desembolsar a los miembros del consejo de dirección. El dictamen ha llevado a la actual dirección del grupo a dejar de pagar los sobresueldos y ahora el PP baraja que sea el partido, cuya naturaleza jurídica no es pública, el que satisfaga estas cantidades y así eludir la prohibición. El problema es que, por ese sistema, la dirección perdería el plus de exclusividad, que es incompatible con ingresos ajenos a las Corts superiores a los 5.000 euros anuales. Una jefatura del grupo donde la mayoría esté sin dedicación exclusiva ofrecería una imagen poco ejemplar.
El documento jurídico, elaborado a finales de la anterior legislatura, plantea dudas sobre los conceptos retributivos que ahora se pagan a los diputados de las Corts, de cara a su modificación en el arranque del nuevo mandato. En este contexto, el informe asevera que todas las percepciones de los diputados «estarán sujetas» a lo preceptuado en el artículo 8.1 de la Ley Electoral Valenciana (LEV), que reza así: «Los diputados a Corts Valencianes no podrán percibir más de una retribución con cargo a los presupuestos de los órganos constitucionales, de la Generalitat o de las Administraciones Públicas, sus organismos autónomos, entes públicos y empresas con participación pública, directa o indirecta, mayoritaria, sin perjuicio de las dietas, indemnizaciones o asistencias que correspondan por la otra actividad en su caso llevada a cabo».
La LEV es de 1987, pero los populares llevan repartiendo sobresueldos desde antes. Inicialmente, eran a modo de dietas, opacos al fisco. Después pasaron a cotizar a Hacienda. De este modo los populares tienen una nómina oficial de las Corts, con sus retenciones, y otra del grupo, también con la retención correspondiente a Hacienda. Esa segunda retribución pública sería irregular. El grupo ha trasladado la situación a los parlamentarios y, de hecho, en junio no se han pagado pluses que han llegado a los 2.500 euros (el exportavoz Rafael Blasco, en su declaración de rentas de 2012, desveló que ese año percibió 25.000 euros en «asignación por responsabilidad», el eufemismo que utiliza el grupo).
Ahora, los populares planean sortear la prohibición transfiriendo los recursos oportunos al partido, con el fin de que sea éste el que abone los complementos. Al ser un pagador formalmente privado, ya no vulneraría la norma. Pero esta vía no es tan sencilla. Entre los conceptos retributivos de las Corts está el plus por dedicación exclusiva, que suponen 365,60 euros (5.118 al años) pero que es incompatible con dietas o retribuciones ajenas a las Corts que excedan de los 5.000 euros anuales. Así, lo que cobrarán por un lado lo perderán por otro. Además, en el caso del consejo de dirección (donde están el síndic, Alberto Fabra; el vicesíndic, Jorge Bellver; la presidenta, Rita Barberá; o las portavoces adjuntas, Bonig, Catalá y Eva Ortiz, entre otros), se daría la circunstancia de que el sobresueldo del partido haría incompatible la exclusiva, con lo que los jefes no tendrían formalmente dedicación al Parlamento.
La situación ha generado un gran malestar interno, sobre todo en los parlamentarios que vienen de la anterior legislatura. Otros, en cambio, lo han asumido de forma menos traumática. «Esto de los sobresueldos se ha acabado en el PP. Por problemas legales pero también porque económicamente ya no se pueden asumir», asevera un responsable de la formación popular, en alusión a la caída brutal de los ingresos del grupo, de casi la mitad de los fondos, por el retroceso electoral. El PP ha pasado de contar con una subvención mensual para sus gastos de funcionamiento de 152.086 euros a solo 85.601 euros. Buena parte de la subvención se tiene que dedicar a pagar las nóminas del personal contratado por el grupo. El ambiente está muy enrarecido y se reprocha a Fabra que pretenda despedir a empleados para recolocar en el grupo a descolgados de Presidencia.
