La Fiscalía Provincial de Valencia investiga si se ha podido cometer un delito contra la Administración Pública en la adjudicación a una misma entidad de los planes de recolocación derivados de los EREs operados en las empresas públicas de la Generalitat Valenciana.
Así consta en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que la fiscal encargada del asunto acuerda abrir diligencias de investigación para depurar posibles responsabilidades ante la denuncia presentada por una trabajadora afectada por el ERE del Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa). De esta forma, remite el procedimiento al Juzgado Decano de Valencia para su reparto.
La denunciante alertaba en su escrito de que todos los planes de recolocación derivados de los EREs operados en las empresas públicas de la Generalitat se habían adjudicado a una misma entidad: Fundación Equipo Humano. En concreto, se refiere a los EREs en Ivvsa; Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa); Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat (Ciegsa); Valenciana de Aprovechamiento de Residuos Energéticos (Vaersa); y Radiotelevisión Valenciana (RTVV).
Según mantiene la extrabajadora, todas estas adjudicaciones se produjeron después de que la fundación --cuyo fundador es "militante" del partido del Gobierno en ese momento (PP)-- editase una guía de apoyo a trabajadores afectados por los EREs en colaboración con la Conselleria de Economía, Educación y Hacienda en 2011 "sin que haya constancia del carácter gratuito de dicha colaboración".
"Lo llamativo de este asunto --se expone en el mismo escrito-- no es solo la cifra total de adjudicaciones, superior al millón de euros, sino el hecho de que no se adjudique ningún plan de recolocación a ninguna otra agencia de recolocación", siendo "especialmente dudoso" el caso de RTVV, "en el que casualmente, ninguna otra empresa o entidad presentada cumple los requisitos jurídicos exigidos".
Ante ello, la extrabajadora considera "de fundamental importancia" la revisión de los criterios de valoración y selección de empresas utilizados en estas adjudicaciones y, además, la vigilancia de todas las facturas abonadas a la fundación --o sus empresas conexas-- en el caso de que el único criterio de adjudicación haya sido que su oferta era "la más ventajosa económicamente".
Al respecto, la denunciante advierte de que "no sería la primera ocasión en que las adjudicaciones se realizan a una entidad que oferta el precio más bajo por tener pactada la posterior adjudicación de otros servicios paralelos o complementarios".
Agencia en 2012, "casualmente"
Esta fundación fue constituida en febrero de 2010 y se acreditó como agencia de recolocación en mayo de 2012, "casualmente" en la fecha en que se ejecuta el primero de los EREs del sector público valenciano, el Ivvsa, "y se produce la primera adjudicación del plan de recolocación", según consta en la denuncia.
"Lo cierto es que no resulta imprescindible la forma fundacional para ser adjudicataria de los planes de recolocación", señala la extrabajadora, con lo que hubiese podido concurrir a los concursos la empresa Equipo Humano S.L., fundada en 2001 y cuyos socios son los miembros del patronato de la fundación. Esta mercantil --se agrega-- ha sido beneficiada con determinadas adjudicaciones públicas como la colaboración con el Servef por importe de 154.026,60 euros y SPEE.
La exempleada indica que considerando el "elevado" montante de las adjudicaciones percibidas por la Fundación Equipo Humano y su obligación legal de reinversión de beneficios por su carácter fundacional, "es de la mayor relevancia, dado el carácter público de los fondos percibidos, comprobar si dicha reinversión efectivamente se ha producido".
En caso de no existir beneficios a reinvertir, esta circunstancia "podría deberse al elevado precio de los servicios que a la fundación hayan prestado todas o alguna de las empresas conexas, circunstancia que habitualmente se produce en casos como éste, en los que existe un auténtico entramado empresarial y fundacional con objetos sociales y fin fundacional coincidentes y dirigidos todos por las mismas personas".
La denunciante estima que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias, en cuanto a las adjudicaciones denunciadas; y, así mismo, delitos societarios, contra la Hacienda Pública o contra la Seguridad Social, en lo relativo a la confusión de patrimonios y trabajadores entre las empresas y la fundación".
