El nuevo gobierno de la Generalitat ha pasado con sobresaliente una de las primeras pruebas de transparencia en la gestión. Los consellers Manuel Alcaraz y Gabriela Bravo, designados por el cupo de Compromís y del PSPV, están dirimiendo un conflicto por el reparto de competencias entre sus respectivos departamentos y el escenario del pulso se ha trasladado a las páginas del Diario Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), el periódico del Consell bipartito. Luz, taquígrafos, negro sobre blanco y en un papel con membrete oficial.

El titular de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, Manuel Alcaraz, quiere hacer honor al nombre de su departamento y reclama las competencias de participación ciudadana, en concreto las que atañen a la reforma de la ley electoral, las Iniciativas Legislativas Populares (ILP) o la organización de consultas populares. Unos contenidos que hasta ahora estaban adscritos a la conselleria de Gobernación y Justicia y que aspiraba a gestionar Gabriela Bravo, la ahora titular de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas.

Desde esa conselleria se pretendían gobernar sobre unas áreas que Manuel Alcaraz entiende que le son propias porque representan la mitad del contenido de su conselleria y porque, además, defienden en su departamento, así se plasmó en el Acord del Botànic suscrito por las tres fuerzas que sostienen el Consell de izquierdas: PSPV, Compromís y Podemos. El resultado del pulso tenía que plasmarse en el llamado Reglamento Orgánico y Funcionar (ROF), donde se recogen as competencias que le son propias a cada departamento. En el caso de Transparencia, el reglamento es de nuevo cuño al tratarse de una conselleria inédita. Alcaraz pretendía que fuera aprobado por el pleno del Consell del pasado viernes, dado que, apuntan desde su entorno, esa conselleria está «paralizada y bloqueada» al carecer de reglamento. Las diferencias de criterio y la falta de todos los informes preceptivos para validarlo, llevó a aparcar su aprobación. Pero el lunes fue publicado en el DOCV por «un error burocrático», según fuentes de la conselleria de Alcaraz.

Siete páginas en el Diario Oficial de la Generalitat firmadas por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el conseller Manuel Alcaraz. Ayer martes fueron anuladas a través de una resolución de siete líneas rubricada por el director general de Relaciones con las Corts, Antonio Torres. «Habiéndose insertado por error (...) el decreto 114/2015, de 17 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, y advertido de que éste no fue aprobado por el Consell, se procede a dejar sin efecto dicha publicación». De esta forma se borraba lo publicado el día anterior.

Mañana jueves se verán las caras Alcaraz y Bravo en una reunión convocada para desbloquear este conflicto competencial. Los motivos por los que el Consell reunido el 17 de julio decidió aplazar esta aprobación, pese a que le urge a Manuel Alcaraz, se explican de forma diferente desde el lado de Compromís o desde el PSPV. En Transparencia apuntan que el reglamento contaba con el informe favorable de Hacienda, pero Justicia expresó discrepancias sobre competencias.

Falta el informe de Justicia

Desde la conselleria de Alcaraz indican que en la víspera del pleno del Consell se remitió un informe que incorporaba matizaciones tales como la recomendación de contar con la opinión de las conselleries afectadas en aquellos temas de participación relativos a asuntos fronterizos entre departamentos o cuestiones transversales. Según esa versión, posteriormente se trasladaron desde Justicia más salvedades que hicieron recomendable aplazar la aprobación del reglamento, luego publicado por error.

La interpretación desde el otro lado afectado difiere en parte. Sostienen que por mucha urgencia que tengan en Transparencia, la aprobación del reglamento exige de varios informes preceptivos. Uno, de Presupuestos, sobre la existencia de crédito; el de la Abogacía de la Generalitat, otro sobre impacto de género o un cuarto de Hacienda. El de Justicia, de Función Pública, no era favorable en su totalidad (objetaba sobre las competencias) y de ahí, sostienen, que se aplazó la aprobación.