Alejandro de Pedro, considerado el «conseguidor» de contratos públicos para la trama Púnica cuyo sumario acaba de conocerse, tenía en el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana uno de sus interlocutores valencianos. Durante el interrogatorio de la Guardia Civil el pasado 28 de octubre, y preguntado sobre sus gestiones con el expresidente valenciano, De Pedro afirmó que se puso en contacto con él «porque necesitaba que le abriese la puerta en la Comunidad Valenciana y en el Ayuntamiento de Madrid».

Los agentes se refirieron entonces a una conversación pinchada de unos días antes en la que hablaba con Zaplana de una partida de dinero sobre «lo que sea, para la campaña o para lo que sea», a lo que respondió que era «un simple comentario».

Como ya se publicó el pasado sábado, de los pinchazos telefónicos entre uno de los cabecillas de la trama, David Marjaliza, y De Pedro, se desprende que esta presunta trama iba a financiar ilegalmente al PP en las pasada elecciones a cambio de contratos. Concretamente, a cambio de la construcción de colegios en Elx y Calp. Aunque al menos en el último caso, la empresa presuntamente implicada quedó fuera del concurso por deficiencias en su oferta. Esta red tuvo relación con varios municipios valencianos.

En el caso de Zaplana, no es la primera vez que su nombre aparece vinculado a esta investigación. También aparece en las grabaciones como mediador con De Pedro para que fuera recibido por la alcaldesa de Elx. Al parecer, pretendía ofrecerse para llevar la imagen en internet de la alcaldesa Mercedes Alonso, un contrato que al final no se llevó a cabo. También figura el nombre del expresidente valenciano como interlocutor entre De Pedro y la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella. En esta ocasión, realizó trabajos de reputación para la entonces dirigente madrileña.

Al margen de esto, el sumario del caso Púnica revela una conversación entre De Pedro y Marjaliza en la que el conseguidor asegura tener «un contrato de 6 millones de euros de la Generalitat para el mantenimiento del metro de Valencia», según la Cadena Ser. Isabel Bonig, que era la consellera responsable de FGV en aquel momento, aseguró no conocer esa información. Y, sobre la supuesta financiación irregular del partido, señaló: «Ni en esta campaña ni en este partido hay contratos ni ninguna reunión ni ningún pago realizado a este empresario ni a ninguna de las empresas implicadas».

En relación con esto, el portavoz de Infraestructuras del PSPV en las Corts, Alfred Boix, anunció que pedirá a la Conselleria de Vivienda y Obras Públicas todos los contratos relacionados con la trama corrupta Púnica. Boix reclamó a Bonig que aclare «de forma inmediata» en las Corts la relación del anterior Ejecutivo y de su conselleria con la trama corrupta.

Según Boix, «Bonig no sólo era una de las principales responsables de la campaña electoral que supuestamente los empresarios de la Púnica querían financiar ilegalmente, sino que además era la responsable de la conselleria a la que le iban a pedir a cambio adjudicaciones públicas». Y se mostró convencido de que Bonig «sabía mucho más de esta trama de lo que nos pensábamos».