Qui paga descansa, i qui cobra, més, reza el dicho popular. Sin embargo, las Administraciones valencianas sólo parecen atender a la segunda parte de la dita. El Síndic de Greuges, José Cholbi, lamenta en su último informe anual «la preocupante lentitud por parte, tanto de las Entidades Locales como de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, a la hora de atender sus pagos o las ayudas concedidas a los ciudadanos», y lo compara con la chocante «agilidad que tiene la Administración valenciana para reclamar y cobrar las deudas». Esa práctica, advierte Cholbi, tiene consecuencias que trascienden al bolsillo de los ciudadanos: «No contribuye precisamente a potenciar la confianza de los ciudadanos en el equitativo funcionamiento de la Administración y la real configuración de ésta como un servicio público».

Hay un sinfín de retrasos en los pagos de la Administración autonómica que censura el Síndic de Greuges. Por ejemplo, los relativos a la vivienda, «ya sea el caso de la renta básica de emancipación, de las ayudas de cheque-acceso a la vivienda, de las ayudas al alquiler, tanto al inquilino como al propietario, o de las ayudas de rehabilitación de viviendas, entre otras».

El defensor del pueblo valenciano también traslada la preocupación de la sindicatura por que, en septiembre de 2014, la Conselleria de Bienestar Social tuviera pendientes de resolver 14.448 solicitudes de Renta Garantizada de Ciudadanía, 3.303 de las cuales tenían propuesta favorable de concesión. «Resulta especialmente grave, la falta de políticas públicas suficientes» tanto en inmediatez como en dinero «para afrontar situaciones de emergencia como las que existen tras cada una de estas solicitudes de ayuda».

El drama de los desahucios y la descoordinación de las conselleries para atender la pobreza infantil centran otras advertencias del informe, en el que también se alerta sobre los ataques a los derechos a la salud: demoras en la asistencia sanitaria; los retrasos en la tramitación y pago de expedientes relativos al reembolso de gastos por adquisición de material ortoprotésico o de las ayudas por el uso del concentrador de oxígeno a domicilio; o demoras en los tratamientos de reproducción asistida.

El Síndic también hace «una llamada de atención» sobre el incumplimiento de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià treinta años después de su aprobación. «No es de recibo», sentencia José Cholbi.