La Fiscalía de Delitos Económicos ha denunciado al que fuera gerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) y uno de los cabecillas de la trama Emarsa, José Juan Morenilla, por haber «enchufado» a cinco trabajadores en la empresa de la Generalitat que dirigía y abonarles de manera ilegal 511.468 euros en concepto de salarios. La fiscal que instruye la causa la ha derivado a un juzgado para que la investigue y asegura que Morenilla podría haber incurrido en un delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos. El Ministerio Público también pide que se deriven responsabilidades pecuniarias para recuperar el dinero.
Las irregularidades en la contratación de estos trabajadores fueron reveladas por Levante-EMV el 24 de septiembre de 2012 tras un informe interno de la Conselleria de Hacienda. En aquella ocasión y pese a la publicidad los hechos no tuvieron repercusión en los tribunales. Fue el sindicato CGT el que denunció la ilegalidad ante la fiscalía. El Ministerio Público ha hecho sus pesquisas y ha llevado la investigación ante el juez de instrucción.
José Juan Morenilla, que se enfrenta a 14 años de cárcel por el caso Emarsa, contrató en la Epsar a cinco personas de 2009 a 2013 sin que el Consell le autorizara el gasto. Según la fiscal, «el denunciado, como administrador de dicha sociedad pública, consintió omitiendo y obviando de forma grosera y patente los requisitos legales para proceder a la creación y abono de puestos de trabajo». Para el Ministerio Público, Morenilla habría «infringido gravemente la ley, siendo el querellado consciente de su ilegal proceder por cuanto los interventores que auditaban las cuentas de dicha sociedad les requerían cada año auditado la autorización del Consell para la creación de los citados puestos de trabajo y el abono correspondiente».
Los cinco contratados trabajaban en administración y en los departamentos técnicos y jurídicos de la Epsar. Una de las personas que se beneficiaron de estas contrataciones fue Patricia Stuyck Pons, sobrina del dirigente del PP y exconseller Esteban González Pons. Realizó trabajos de asesoría jurídica durante su etapa en la gestora de las 460 depuradoras de la Comunitat Valenciana.
La fiscal constata que Morenilla habría prevaricado porque se constata «el absoluto desprecio hacia el ordenamiento jurídico y la arbitrariedad y capricho de las decisiones tomadas en un tema de índole económico» y recuerda que la ilegalidad «había sido puesta de manifiesto en los informes de Intervención y de la Dirección General de Presupuestos» de la Conselleria de Hacienda.
La fiscal también le pide al juez instructor que abra pieza separada de aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias en que pudiera haber incurrido el denunciado y posibles responsables de los delitos que podrían ser los trabajadores contratados de manera ilegal. Reclama que se embargue el dinero suficiente para restituir a la Epsar.
