Primero fueron las preferentes. Luego, las acciones. Ahora, las demandas por todo ello. Los juzgados de Primera Instancia de Valencia sufren un estado de colapso en la práctica después de que en los últimos seis meses hayan recibido 7.404 demandas por acciones de Bankia, según expuso ayer el decano de los juzgados del partido judicial de Valencia, Pedro Viguer. La sobrecarga es evidente. El reto, mayúsculo. Un informe previo del Consejo General del Poder Judicial ha dado el visto bueno al refuerzo de tres nuevos jueces. Si se confirma, y dada la inquietud de los afectados, Viguer explicó ayer que van a intentar dar salida en sólo seis meses a las 7.400 demandas por acciones de Bankia que siguen a la espera de ser atendidas. Eso supondría una media de 45 sentencias semanales por cada juez implicado. «Siempre que no haya un nuevo aluvión, aunque todo apunta a que no será así», matizó el decano.
La situación judicial también reviste complejidad en otros ámbitos. O dicho de modo menos sutil: «una situación de emergencia y excepcional», en palabras del decano. Especialmente en dos áreas muy sensibles para las familias valencianas. Por un lado, los juzgados de lo Social. Desde 2005 no se crea ningún juzgado nuevo en este departamento. Y desde 2007, la tendencia al alza en la lista de espera es imparable. Los juzgados que gestionan una materia tan sensible como las demandas de despido (2.646 en medio año) sufren de un retraso injustificable, en opinión del decano. «Es inaceptable que los asuntos urgentes se señalen a un año y los que no lo son a 18 meses, porque hablamos de procedimientos que resuelven lo que en muchos casos es el sustento de una familia», subrayó Viguer.
Prioridad: gabinete psicosocial
En los juzgados de Familia, los procedimientos de modificaciones de medidas han aumentado un 71% desde 2010, debido a dos cuestiones: la Ley de Custodia Compartida, que ha llevado a revisar muchos regímenes de guardia y custodia de hijos menores; y la crisis, que ha generado situaciones de pérdida de empleo y medidas para revisar pensiones alimenticias. En este sentido, y señalado como una prioridad, el decano de los jueces reivindicó la «necesidad» de reforzar el gabinete psicosocial para agilizar los informes pendientes en los divorcios con hijos de por medio. Lo mismo defendió la consellera de Justicia la semana pasada tras reunirse con la presidenta del TSJ valenciano.
Pedro Viguer instó ayer a que la nueva Generalitat proporcione los funcionarios y los agentes judiciales necesarios para desatascar la justicia valenciana. «La justicia es de calidad, pero excesivamente lenta. Hacen falta jueces, medios y un nuevo mapa judicial», reclamó.
En lo Mercantil cuadruplican la entrada normal
La sobrecarga de los juzgados de Valencia es fácilmente de constatar con los datos ofrecidos ayer por el decano de los jueces de Valencia. Los módulos que aporta el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para servir de guía quedan siempre por debajo de la realidad. Lo normal sería la cifra del 100 %, pero la carga está por encima. En los Juzgados de Primera Instancia es del 215 %; en los Juzgados de Familia, del 206 %; en los Juzgados de lo Social, del 180 %; en los Juzgados de lo Mercantil —el más preocupante— la carga de asuntos por juez es del 430 %; en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo es del 116 %; los Juzgados de lo Penal están al 120 %, y los de ejecución penales al 121 %. Los únicos que están por debajo de la media indicada por el CGPJ son los juzgados de Violencia sobre la Mujer, al 63 %, y los de Instrucción, al 75 %.
