01 de agosto de 2015
01.08.2015

Los funerales de la Generalitat abandonan las iglesias

El Consell contempla que los actos oficiales tras una catástrofe se realicen en espacios aconfesionales

01.08.2015 | 01:45
Los funerales de la Generalitat abandonan las iglesias

El nuevo Consell quiere acentuar lo que la Constitución plasmó en 1978, que España es un Estado aconfesional. La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mònica Oltra, anunció ayer que la Conselleria de Transparencia estudia establecer un protocolo para que los actos de honor institucionales con motivo de una catástrofe con víctimas mortales en la Comunitat Valenciana se celebren en un espacio público «aconfesional» o «ecuménico», que respete la libertad de culto. «Los funerales públicos que se organicen serán en espacios donde se respete la libertad religiosa del Estado», explicó Oltra.

El pleno del Consell tomó ayer en consideración un informe preliminar, para su posterior regulación, elaborado por la Conselleria de Transparencia que servirá para fijar la actuación de los altos cargos del Consell ante situaciones de catástrofes, y que los actos de honor que se puedan celebrar en el caso de que haya víctimas mortales tengan en cuenta la «aconfesionalidad del Estado».

Los actos que sean promovidos por los poderes públicos «respetarán la libertad religiosa y de culto que se mantengan en el ámbito civil y público, independientemente de que después, cada familia haga la despedida que crea conveniente en la intimidad».

La portavoz del Gobierno valenciano consideró que esta opción es «más inclusiva» y «no aboca» a algunos familiares de las víctimas a no poder participar en un acto institucional por no compartir la creencia religiosa del mismo.

Se trata de un protocolo que determine también cómo se ha de facilitar la información a la población afectada y a los medios de comunicación cuando se produzcan situación de emergencia.

Así, esta actuación será puntual, objetiva, contrastada y rigurosa e incluirá los sistemas de atención directa a víctimas, familiares, grupos y zonas especialmente afectadas.

También debe tener un lenguaje claro y comprensible sin ser «alarmista» y ha de cumplir con los principios de transparencia y derecho a la información de la ciudadanía, así como el respeto a la intimidad de víctimas o afectados.

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