El Consell que preside el socialista Ximo Puig buscará una alianza con otras comunidades autónomas para que el Gobierno central de Mariano Rajoy se siente a negociar un cambio en el modelo de financiación. Con los primeros que se pondrán en contacto serán con la vecina Región de Murcia, cuyo consejero, Andrés Carrillo, también ha propuesto una financiación más equitativa y que una parte de su elevada deuda sea asumida por el Estado. En una entrevista ayer domingo en La Opinión de Murcia, del mismo grupo editorial que Levante-EMV, el responsable de las cuentas autonómicas murcianas, del Partido Popular, aseguraba que su deuda «es una losa insoportable» porque está causada por la mala financiación, al igual que sucede en la Comunitat Valenciana, por lo que esa deuda histórica se debe convertir en «un problema de Estado», que, a su juicio, debería mutualizarla.
Desde de Presidencia aseguraron ayer que esas declaraciones del responsable de Hacienda murciano son un espaldarazo a las exigencias de Puig porque proceden de un dirigente de un gobierno del PP en una autonomía, que como la valenciana, está muy maltratada en cuanto a la financiación suficiente para cubrir los servicios. Desde la Generalitat indicaron que van a ponerse en contacto con el ejecutivo que preside Pedro Antonio Sánchez y con otras Comunidades para «trazar una alianza» de cara a que «Rajoy se baje del burro» y acepte la convocatoria de la Conferencia de Presidentes lanzada por Puig. «Contaremos con todas las alianzas posibles», precisaron.
Las palabras del consejero murciano vienen a coincidir con la tesis que defiende el Consell bipartito (PSPV-Compromís) de Ximo Puig de que el Gobierno de Mariano Rajoy debe resolver de forma inmediata la infrafinanciación de los valencianos convocando una cumbre de presidentes autonómicos donde se aborde un nuevo modelo que permita seguir pagando los servicios básicos —sanidad, educación, servicios sociales— sin generar más deuda, que en el caso de la Comunitat Valenciana ronda los 40.000 millones de euros.
El presidente Puig emplazó de nuevo a Rajoy, el pasado sábado, a convocar esa cumbre porque la situación es insostenible, además de lanzarle la amenaza de que si sigue haciendo oídos sordos a la oferta de diálogo el Consell buscará la vía judicial para denunciar el incumplimiento de la Constitución y de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca). Hace unas semanas el jefe del Consell compartía los postulados del presidente de la patronal autonómica Cierval, José Vicente González, que proponía al Gobierno central una quita del 50% de la deuda que «no podemos pagar», y que sería equivalente al endeudamiento provocado por la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana en los últimos 10 años.
Por tanto esa quita de la deuda es una de las alternativas que se barajan en el Consell sin renunciar al cambio de modelo, donde se propondrá que el Estado asuma que sus competencias ya no son las más caras, porque la sanidad, educación y los servicios sociales son gestionados por las comunidades, con lo que se debería aumentar la tarta para que reciban más dinero del Gobierno central, y así habría más fondos para repartir entre todos sin enfrentamientos.
El conseller de Hacienda valenciano, Vicent Soler, al comparecer el pasado sábado junto a Puig, reconocía que «no tenemos dinero ni pagar los servicios básicos» por culpa de la infrafinanciación en un 90 %, frente al 10 % que sería atribuible al despilfarro de los anteriores gobiernos del PP, que es lo que «nos refriegan en Madrid».
