La base de la contratación en la administración y sus empresas públicas es la publicidad y la libre concurrencia, todo lo contrario de lo que ocurrió en la sociedad Impulso Económico y Local SA (Imelsa) en los ocho años de Alfonso Rus como presidente de la Diputación de Valencia y Marcos Benavent como gerente de Imelsa. Rus y Benavent, el primero salpicado y el segundo imputado por el presunto cobro de comisiones, contrataron a dedo al 84 % de las nuevas incorporaciones entre el año 2007 y 2015, según el informe interno sobre la situación económica de la mercantil al que ha tenido acceso Levante-EMV.
Desde el año 2007, cuando Alfonso Rus llegó a la Diputación de Valencia, hasta mayo de 2015 la firma pública Imelsa contrató a 49 personas. Del total sólo ocho superaron un proceso público de contratación. El resto, según el informe interno sobre la situación de la sociedad, entraron de manera discrecional, concretamente por una «selección realizada por el gerente» Marcos Benavent, quien recientemente se autodenominó «yonki del dinero». Así, según este documento, sólo dos ingenieros informáticos, tres técnicos de información territorial, una persona para el taller de brigadistas y dos técnicos de los servicios centrales pasaron por un proceso de selección.
Además, la mayor parte de estos «enchufados» en época de Alfonso Rus han podido consolidar un contrato indefinido, ya que la empresa pública tan solo tiene 22 contratos temporales de los casi 700 trabajadores de la plantilla.
La empresa pública Imelsa se convirtió en una agencia de colocación para el PP provincial, aunque en alguna ocasión también fue utilizada por los partidos de la oposición para situar a cargos políticos de confianza. También la diputación de Rus recurrió a la sociedad pública para contratar personal ya que, de esta manera, se ahorraba tener que realizar un proceso público. Esta situación es la que el nuevo equipo directivo pretende cambiar.
La gestión de Marcos Benavent en Imelsa está siendo investigada por dos juzgadosestá siendo investigada por dos juzgados. El de Instrucción número 6 de Valencia por una denuncia del propio Rus tras la huida del exgerente al extranjero y la aparición de facturas falsas en la empresa y el de Instrucción número 3, que lleva bajo secreto pesquisas que arrancaron con las grabaciones de Benavent a cargos políticos del PP y donde se indaga en el presunto cobro de comisiones y un posible nuevo caso financiación irregular del Partido Popular.
Como ha venido contando este periódico, con dinero de la empresa pública Imelsa se pagaron detectives privados y se alquilaron pisos por la ciudad de Valencia que se habrían utilizado para tareas de espionaje. Además, en la lupa de los jueces están dos de los proyectos estrella de Alfonso Rus: La construcción de un centenar de campos de césped artificial y la sustitución del alumbrado tradicional en los municipios por bombillas con tecnología led.
El secreto de sumario sobre la pieza que investiga las grabaciones y sus derivaciones se levantará con toda probabilidad después del verano. El terremoto político en Valencia puede ser de dimensiones impredecibles.
