Los grupos ecologistas Xúquer Viu, Ecologistas en Acción, AEMS Ríos con Vida, Acció Ecologista-Agró y Ribera en Bici, junto a CC.OO-PV han pedido la «suspensión inmediata» del proyecto de revisión del Plan Hidrológico del Júcar (PHJ), correspondiente al ciclo de planificación 2015-2021.
En un manifiesto conjunto, las organizaciones firmantes destacan que la revisión del PHJ consolida los incumplimientos de la Directiva Marco del Agua que ya figuraban en el aprobado para el periodo 2009-2015 y que no entró en vigor hasta julio de 2015 con un retraso de 4 años y medio.
Existe, además, «una vulneración de la Ley de Aguas» en los relativo a la participación «efectiva» en la fase de consulta pública.
Explican que el proceso de consulta de documentación y presentación de alegaciones arrancó el 30 de diciembre con un plazo de seis meses.
En ese periodo se ha producido, destacan, «un drástico cambio en el mapa electoral, tanto en la Comunitat Valenciana como en Castilla-la Mancha y en gran parte de los municipios de la demarcación.
El cierre del plazo de alegaciones un 30 de junio, «cuando no se habían constituido todas las instituciones y designados su representantes» ha privado a cargos elegidos democráticamente «ejercitar su derecho a formular alegaciones».
«Ilegal»
Según las organizaciones firmantes, el documento sometido a consulta pública es también «ilegal» y justifican esa afirmación en la reciente sentencia del Tribunal Supremo que estima parcialmente los recursos contenciosos-administrativos interpuestos por la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, Alacantí y del Consorcio de Aguas de la Marina Baja y la Comunidad General de Usuarios del Canal Júcar Túria.
La citada sentencia cuestiona la delimitación territorial que se da a la Demarcación Hidrográfica y en la que se apoya la revisión del plan.
Para las organizaciones ecologistas resulta especialmente importante la inclusión en la normativa del plan de un artículo, el 13.1, que remite a al Real Decreto por el que se aprobará el plan.
Afirman que esta disposición transitoria, sobre la que no ha habido oportunidad de manifestarse, ni formaba parte de la documentación sometida a información pública, «limitará el alcance de la aplicación de los caudales ecológicos que se aprueben».
Los firmantes creen que esta maniobra es un ejercicio «de oscuridad y falta de transparencia» que debería invalidad el proyecto.
Por último subrayan que el plan se está tramitando en paralelo a la modificación de elementos básicos de la regulación legal del agua como el Reglamento del Dominio Público Hidráulico en materia de riesgos de inundación, caudales ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de aguas residuales. «No parece lógico„ añaden„ que se modifiquen las reglas del juego mientras se tramitan los planes hidrológicos».
En consecuencia, las asociaciones firmantes piden a la CHJ, que suspenda la tramitación del plan y permita su estudio por parte de comunidades autónomas, municipios, etc, y queden despejadas las dudas que genera su tramitación administrativa.
