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Nuevo gobierno

Las diferencias en el bipartito ya provocan fricciones en cuatro áreas claves del Consell

PSPV y Compromís se han enfrentado en apenas un mes por el control de la Función Pública, los préstamos a empresas y las declaraciones de impacto ambiental - Podemos también ha reclamado la Oficina Antifraude que quería Transparencia

Las diferencias en el bipartito ya provocan fricciones en cuatro áreas claves del Consell

Primero fue el qué, luego el quién y ahora el cómo. El nuevo Consell gobernado a dos bandas (de un lado, el PSPV; y de otro, Compromís) vive ya sus primeras fricciones en su ejercicio del poder, conflictos que, al menos de momento, no han afectado a las grandes líneas del conocido como «Acord del Botànic», pero que sí que apuntan a la pelea soterrada de ambos partidos por controlar parcelas de poder más allá del reparto de las conselleries. Compromís y PSPV tardaron lo suyo en ponerse de acuerdo en qué departamentos quedaban bajo el dominio de uno y otro partido, así como en distribuirse el segundo escalón. Sin embargo, no todos los puestos claves quedaron cerrados, como tampoco quedó escrita toda la letra pequeña de la asignación de competencias.

No es de extrañar, por tanto que, una vez instalados en su despacho, los consellers y las conselleras hayan tratado de atar su parcela a golpe de hechos consumados. Los roces se estrenaron con la inédita Conselleria de Transparencia, bajo la órbita de Compromís. El conseller Manuel Alcaraz y la vicepresidenta, Mònica Oltra, iniciaron un pulso con el líder de Podemos, Antonio Montiel, a cuenta de la Agencia Anticorrupción. Podemos la quería adscribirla a las Corts y Compromís, colgarla del organigrama de la conselleria. La batalla la ganó Podemos, al agarrarse al documento sellado en el Botánico.

La segunda pelea de Transparencia, que también perdió, tuvo que ver con las competencias de participación ciudadana, en concreto las que atañen a la reforma de la ley electoral, las Iniciativas Legislativas Populares (ILP) o la organización de consultas populares. Este área está adscrita a la Conselleria de Gobernación y Justicia, que aspiraba a gestionar Gabriela Bravo, ahora titular de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas. El pulso entre ambos departamentos se difundió a través del DOGV donde se publicó un decreto sobre el reglamento orgánico de Transparencia que tuvo que anularse.

El pulso por el control de los funcionarios de la Generalitat mantiene descabezada la dirección general de Función Pública. Compromís intentó que quedara bajo su influencia, pero el PSPV se opone en una guerra que es más sindical que partidista, pero que ha llevado el caos a la Administración en su primer mes de gestión. El Consell ha comenzado ya a destituir a los altos funcionarios promocionados durante la era popular sin que previamente haya decidido dónde reubicarlos. Muchos de ellos, se han quedado de brazos cruzados, en sus casas o en las conselleries, sin ningún cometido. Los nuevos nombramientos están bloqueados sin la firma de Función Pública.

También hay tensión entre los departamentos de Vivienda y Agricultura a cuenta de quien tiene las declaraciones de impacto ambiental. Compromís y PSPV están enzarzados en torno a este asunto, que tampoco es menor, ya que estos informes son claves para dar luz verde o frenar un proyecto urbanístico o una infraestructura. Compromís mantiene que en la mesa de negociación para el pacto quedó claro que estas competencias eran suyas. De momento, por la vía de los hechos ha caído del lado del PSPV.

El último conflicto que ha trascendido es entre Hacienda y Economía por el control del Instituto Valenciano de Finanzas. La Conselleria de Economía quiere autonomía para su propia política de créditos, pero el departamento que dirige Vicent Soler reclama el control sobre un instituto llamado a convertirse en banca pública.

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