La disputa entre PSPV y Compromís por el nombramiento del director general de Función Pública, del que dependen 15.000 funcionarios, no tiene visos de resolverse en breve. Al menos hasta el 28 de agosto, primer pleno del Consell tras el verano, no habrá nombramiento, pero ahora las negociaciones están paralizadas. Los dos partidos quieren tutelar este puesto clave del que depende la relación con los sindicatos. De momento, el PSPV le ha transmitido a Compromís la posibilidad de proponer el nombre de una persona que, eso sí, sea de la confianza de Mònica Oltra, aunque el perfil surgiría de Blanquerías, según sus planes.

El conflicto se generó cuando las competencias de Función Pública viajaron desde Hacienda hasta la Conselleria de Justicia de Gabriela Bravo. Esa cartera pasó entonces de tener dos a tres patas. Y el plan inicial, según el cual el PSPV se quedaría con Justicia y Compromís con Regeneración, saltó por los aires. Esa tercera competencia se convirtió en el objeto de deseo. Según parece, en las negociaciones ya se han producido «vetos». Al principio circuló el nombre del socialista Rafa Rubio, gran conocedor de este área. También el del sindicalista Adel Francés, del sindicato cercano a Compromís Intersindical.

Ninguno llegó a buen puerto. Los sindicatos hermanos de PSPV „UGT„ y Compomís „Intersindical„ siguen muy de cerca la elección de este cargo y no quieren ceder territorio al «rival». El acuerdo estará en un nombre no significado ni sindical ni políticamente.

De momento, la falta de liderazgo en el área de Función Pública complica el día a día en la administración. Existe una cantidad considerable de altos funcionarios promocionados en la época del PP a jefe de servicio o subdirector general que han sido cesados por el nuevo Consell pero que, por la imposibilidad de ser recolocados, están cobrando sin haber sido reubicados, como ayer contó este diario.

Los nuevos cargos, en marcha

Desde el Consell aseguran que es una cuestión puntual, y que se trata de funcionarios cuyas antiguas plazas están hoy ocupadas por otras personas o han dejado de existir. Se les está buscando destino, alegan, y niegan que la situación se deba a que no exista aún el cargo de director general de Función Pública. Del mismo modo, aseguran que no se está produciendo el bloqueo de ningún nombramiento de nuevos jefes de servicio o subdirectores generales por no haber director de Función Pública, ya que de ello se ocupan los subsecretarios de cada conselleria bajo la fórmula de la «adscripción provisional».

Mientras tanto, desde el PP María José Català criticó ayer esta situación: «No se puede tolerar que las luchas entre Puig y Oltra las paguen los funcionarios. Dijeron que querían gobernar para preocuparse por las personas y ahora son precisamente las personas y su trabajo lo que menos les importan. Esa plaza no puede estar dos meses vacante», criticó.

Y añadió: «Exigimos seriedad, que se pongan a trabajar y que no pongan como excusa que estamos en agosto, están jugando con el trabajo de personas que no tienen por qué ser víctimas de las guerras de dos partidos que no se ponen de acuerdo. Nos preguntamos si están capacitados para gobernar».