El vuelco político que se ha producido en todos los niveles de la administración en la C. Valenciana está provocando un reajuste en el cuerpo simbólico que hasta ahora se consideraba inamovible. Desde la retirada de apoyos institucionales a los festejos taurinos „el Consell del PP llegó a proclamarlos BIC„ hasta la decisión de que la Senyera no entre en la Catedral el 9 d'Octubre.
La última polémica, sin embargo, es musical. En Sueca, la alcaldesa de Compromís, Raquel Tamarit, ha abierto el melón del himno español al ordenar a las bandas que dejen de tocarlo en las procesiones „como era tradición„ mientras prepara un nuevo protocolo para actos institucionales.
El asunto ha generado cierto revuelo. Primero, por las críticas del PP; segundo, porque ha incomodado a las bandas de música. La federación (FSMCV) ha recomendado a las sociedades que cumplan el decreto de 1997 que regula el himno de España, y al mismo tiempo reclama a los ayuntamientos que no «pongan a los músicos en la tesitura de cumplir o no la ley».
El decreto de 1997 que cita la federación de bandas, en realidad, es el mismo argumento que abandera la alcaldesa de Sueca, Raquel Tamarit, para reclamar que deje de tocarse un himno que cree que puede molestar a algunas personas. El citado decreto, efectivamente, limita la interpretación de la Marcha Real a situaciones muy señaladas, aunque la fuerza de la costumbre lo ha hecho extensivo a otros actos, como las procesiones.
Sólo es obligatorio en los actos de homenaje a la bandera; actos oficiales a los que asiste la Familia Real o el presidente del Gobierno; actos deportivos o de otra naturaleza con una representación oficial de España y otros casos previsto en el Reglamento de Honores Militares.
El caso de Sueca no es el primero. También en El Palmar hubo debate hace unos días sobre tocar o no el himno en la procesión del Cristo de la Salud (la banda votó y sí se interpretó) e incluso en el nuevo Ayuntamiento de Valencia se debate ahora mismo qué hacer con la Marcha Real en la procesión del 9 d'Octubre.
La polémica en torno a los símbolos ni es nueva ni se circunscribe a la llegada de la izquierda al poder. Hace unos meses, el ayuntamiento todavía bajo control de Rita Barberá tomó una medida que generó críticas desde algunos ámbitos al colocar en la Alameda una enorme bandera de España como regalo a las Fuerzas Armadas. Fue un gesto en pleno desafío soberanista catalán (pocos días antes del referéndum). Y además fue caro: la bandera costó 15.000 euros a las arcas municipales.
No era el primer caso de uso de una enseña oficial con aparente intencionalidad política. A veces se hace por exceso y otras por defecto. Durante el mandato de Francisco Camps y Alberto Fabra, la enseña europea ha estado prácticamente desaparecida de los edificios del Consell. Había tres mástiles en las fachadas pero solo dos banderas. Izar la bandera azul no es obligatorio. Los tratados europeos piden hacerlo únicamente un par de días señalados al año, pero su omisión sí ha sido vista como una falta de consideración a la UE, con la que el PP ha acumulado agravios. El bipartito de izquierda la ha recuperado nada más llegar.
Al igual que hizo con la Senyera hace unas semanas en la Batalla de Flors de la Fira de Juliol. Con la premisa de «valencianizar» la fiesta, la senyera ganó presencia en los palcos en detrimento de la bandera de España, para cabreo del PP vía redes sociales.
No era la primera decisión «simbólica» del nuevo Ayuntamiento de Ribó. Al poco de llegar colgó una enseña arcoiris del balcón municipal. La última decisión heráldica ha sido la de no incluir el tradicional Te Deum en el recorrido de la Senyera en el procesión del 9 d'Octubre.
