La investigación sobre la planta de gas Castor sigue en punto muerto siete meses después de que el juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs decidiera abrir diligencias e imputar a 18 altos cargos de los ministerios de Medio Ambiente e Industria, el Instituto Geológico y Minero Español (IGME) y la empresa Escal UGS (del holding de Florentino Pérez), por supuestos delitos de prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente. El juez instructor del caso, Víctor Capilla, sigue a la espera de que el Gobierno remita los informes solicitados sobre Castor para llevar a cabo la investigación. Según explicaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, hasta que el magistrado no obtenga toda la información pertinente no podrá citar a declarar a los imputados, puesto que los interrogatorios se basarán fundamentalmente en la documentación, es decir, en los estudios y trámites que ellos mismos realizaron sobre la plataforma de gas.
Entre los informes solicitados destacan los del Massachusetts Institute of Tecnology (MIT) y la Universidad de Stanford. El Ministerio de Industria encargó hace más de un año estos estudios sobre los terremotos de Castor y, según anunció, de ellos dependería la la decisión sobre el cierre definitivo del almacén de gas subterráneo.
Por su parte, desde el Ministerio de Industria no ofrecen ninguna explicación respecto a la demora en la entrega de documentación a la causa, pero sí reiteran que están a la espera de los informes de Enagás para decidir si desmantelan la planta o la reabren.
El delegado del Gobierno en Valencia, Juan Carlos Moragues, defendió ayer la decisión del Gobierno Central de «hibernar la instalación» del proyecto Castor, mientras se realizan los estudios geográficos y geológicos para despejar dudas de que pueda ser causante de terremotos y, en función de ello, decidir si desmantelar o reanudar la actividad de una planta que provocó múltiples seísmos. Moragues se refería a la intención manifestada por el Ejecutivo de reabrir el almacén de gas subterráneo ubicado frente a la costa de Vinaròs si hay estudios favorables que garanticen su viabilidad. Así se desprende de una respuesta parlamentaria remitida a la diputada de Convergència Democràtica de Catalunya Lourdes Ciurò.
El Gobierno de España estaría estudiando «todas las aristas» que tiene una instalación «tan sensible y compleja», dicen en la respuesta.
Depurar responsabilidades
El senador de Compromís, Carles Mulet, ha preguntado al Gobierno de España en qué estado se encuentran las acciones del Ejecutivo para depurar responsabilidades «personales y patrimoniales» hacia los promotores del proyecto Castor, «tanto de los políticos que se empecinaron en hacerlo posible como de los magnates empresariales autores materiales del mismo».
