El estudio de arquitectura e ingeniería de Santiago Calatrava se desmarcó ayer de los desperfectos que abundan en el Ágora de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia que han obligado a paralizar su privatización y apertura, al menos, dos meses hasta que se solucionen los problemas que afectan a su estanquidad y a la cubierta de acero y trencadís. El arquitecto valenciano muestra su total colaboración para «consolidar» la obra que no está finalizada. Por su parte, fuentes del actual Consell aseguraron que determinarán el coste de las deficiencias e identificarán quién debería asumirlo. Es decir, Calatrava, la UTE constructora (Rover Alcisa, Lubasa y Cyes) o, incluso, la Generalitat si no hubiera cumplido con el mantenimiento adecuado.

A través de un comunicado, el estudio de Santiago Calatrava recuerda que «en el año 2009 y en contra de la recomendación del arquitecto, Cacsa (empresa pública de la Generalitat) solicitó detener las obras para que el edificio pudiera usarse para la celebración del Open 500 de Valencia de Tenis». Posteriormente, añade, «en 2013 y debido a cuestiones financieras, la firma pública decidió detener temporalmente el curso de las obras y solicitó al estudio de arquitectura de Santiago Calatrava que aceptara una fase provisional de las obras para que el Consell pudiera usar el edificio temporalmente». Para ello emitió a petición del Consell de Fabra un «Certificado Final Parcial de Obra».

Según el arquitecto, ya avisó de unos trabajos pendientes de finalización como «los remates de la cubierta que garanticen la estanqueidad del edificio, la finalización de los acabados de algunas zonas de la fachada o la impermeabilización y acabado de los estanques». El estudio del arquitecto valenciano asegura que esta «provisionalidad» que se ha prolongado durante años, el edificio fue entregado sin finalizar, «ha ocasionado deterioros en la obra». En una visita reciente, los técnicos de Calatrava constataron que «se habían producido goteras en el interior del edificio, entre otras incidencias».

La Generalitat dispone ahora de dos meses hasta la entrega del Ágora de Valencia a la concesionaria encargada de su gestión para buscar soluciones a los problemas detectados de estanqueidad y las puertas de cristal de acceso, determinar su coste e identificar quién debería asumirlo.

En unas conversaciones entre el estudio de Calatrava y el Consell, los empleados del arquitecto aseguraron que las deficiencias en el trencadís son debidas a la sujeción incorrecta de la chapa metálica, es decir, al montaje por parte de la UTE constructora. El arquitecto aseguró en la certificación de la obra que el edificio debía tener un mantenimiento adecuado.