El número de altos cargos que se acogieron a la indemnización por razón de residencia se duplicó durante el mandato del Alberto Fabra. Al inicio de su legislatura, había un total de once altos cargos acogidos a este plus retributivo, que mejora la nómina un 14 %, y a finales de 2014 la cifra era de 24 con un coste para la Generalitat de 189.995 euros. Así consta en el informe sobre impacto presupuestario que hizo en su momento la Conselleria de Hacienda y que forma parte del expediente que llevó aparejado el decreto nonato que regulaba el cobro del plus. Mientras, el Consell anunció dos bajadas de sueldos para los dirigentes de la administración. Uno para que nadie cobrara más que Fabra, y otro en proporción al desvío del déficit en el que incurría la Generalitat como imagen de austeridad y de conformidad con la estabilidad presupuestaria.
Tal como informó ayer Levante-EMV, el Consell de Alberto Fabra dejó esta norma de transparencia en el cajón y no llegó a aprobarla pese a que era un mandato de las Corts de 2013 y que estaba redactada y con todos los informes pertinentes, es decir, lista para su aprobación por el pleno del Consell. De haberse aprobado, en un mes los 24 altos cargos incluido el presidente Fabra habrían tenido que justificar el cobro del complemento presentado facturas de hoteles o del alquiler de una casa.
El propio presidente en un principio utilizaba hoteles y residía en Castelló, aunque finalmente acabó por alquilarse un piso en Valencia.
El decreto buscaba evitar la pillería, ya que carecía de regulación y un acuerdo plenario de 1995 era más que insuficiente, como se ha venido demostrando en casos determinados. Sólo con presentar un empadronamiento fuera de Valencia, un alto cargo de la Generalitat (conseller, secretario autonómico o director general) podía lograr que su nómina se incrementara un 14 %, en el caso del presidente unos 9.000 euros al año.
Se da la circunstancia de que en época de austeridad, prácticamente uno de cada cuatro altos cargos tenían esta mejora retributiva. Cabe recordar que durante el mandato de Fabra se aplicó un año una reducción salarial a los altos cargos por el incumplimiento del déficit. El compromiso de ligar el salario a la consecución del déficit sólo se cumplió una vez. En privado muchos altos cargos se quejaban por la pérdida salarial. Muchos de ellos, vieron una vía para incrementar sus salarios mediante el plus de la vivienda.
Por su parte, desde el departamento de Fabra siempre se quiso dar una imagen de austeridad. Tanto, que también impuso la medida de que ningún alto cargo de la administración autonómica ganara más que el presidente. Esto contrasta con el elevado número de altos cargos que se acogió al plus de la vivienda que no era necesario justificar.
El plus de la vivienda es una buena medida que facilita que todos los altos cargos tengan su residencia en cualquier punto de la Comunitat Valenciana y no pierdan dinero por tener que trabajar en Valencia. Lo que en un principio fue algo de justicia algunos directivos acabaron convirtiéndolo en un sobresueldo.
