16 de agosto de 2015
16.08.2015
Primer mes en el Palau de Batlia

La antítesis de Rus se instala en la diputación

La llegada de Jorge Rodríguez abre una etapa de colaboración con la Generalitat - El nuevo presidente da libertad a los alcaldes para destinar inversiones sin señalarles proveedores

16.08.2015 | 04:15
La antítesis de Rus se instala en la diputación

Un mes después de la investidura de Jorge Rodríguez como presidente de la diputación, la «normalidad» se ha instalado en el Palau de la plaza Manises. El viejo clima de desconfianza entre Consell y diputación se ha convertido, de momento, en un canto de apoyo mutuo con el cambio de gobierno.

«Cuando la normalidad se convierte en noticia es que algo fallaba». Así lo resumía un colaborador del alcalde de Ontinyent y nuevo presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, cuando se cumple el primer mes desde la constitución de la nueva corporación de izquierda con PSPV, Compromís, EU y València en Comú. La gran novedad de la nueva etapa, de hecho, es el clima de colaboración con la Generalitat, tras dos mandatos de Alfonso Rus en los que la diputación se convirtió en una administración paralela desde la que el barón provincial del PP vertebró un poder propio dentro del partido: dando cobertura a los alcaldes (la mayoría del PP) a cambio de lealtad interna.

El mismo día de su investidura, Jorge Rodríguez puso la liquidez de la institución provincial a disposición de los planes sociales del Consell. Este pasado viernes, el alcalde de Ontinyent se reunía con la presidenta en funciones Mònica Oltra para comenzar a colaborar en materia de Bienestar Social.

Es el cambio en las formas. En cuanto al fondo, la primera gran decisión de gestión de la diputación de izquierda ha sido la de habilitar un nuevo plan de inversiones de 71 millones con dos novedades. La primera es que se detrae dinero a la capital para reforzar la inversión en los pueblos pequeños. La segunda, que cada alcalde podrá decidir el destino del dinero que le toque: 50.000 euros fijos para los pueblos de menos de 1.500 habitantes; en el resto de localidades, 35 euros por habitante, menos a Valencia, que se le da un máximo de 5 millones cuando le corresponderían 22.

Esa condición, la de que cada pueblo escogerá el destino de la inversión dentro de unos parámetros (desde carreteras a investigación), rompe con la dinámica de los planes de Rus. En los últimos años, la inversión que se ofrecía a los alcaldes iba dirigida exclusivamente a un fin: campos de césped artificial, por ejemplo, dentro del plan de instalaciones deportivas; o bombillas led para cambiar la iluminación, como medida de eficiencia energética. Pero esos planes siempre tenían unos proveedores ya cerrados. Este tipo de funcionamiento está hoy bajo investigación judicial.


Imelsa: Despidos en septiembre

En este sentido, otra de las novedades de este mes es la operación limpieza dentro de la empresa pública Imelsa, una mercantil destinada en principio a luchar contra los incendios pero desde la que presuntamente se desviaron comisiones y se utilizó como agencia de colocación.

De momento, los nuevos gestores se han dedicado a auditar las cuentas y el funcionamiento de la casa. Habrá despidos y «muchos más cambios», advierten desde el Palau de Batlia. Entre los escándalos que se han destapado, la existencia de una veintena de puestos que están cobrando de esta mercantil por trabajos «desconocidos» o «sin contenido». Personal «zombie», lo llaman. El próximo septiembre se van a la calle.

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